El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que impedía al gobierno de Joe Biden eliminar la política llamada “Quédate en México”. 

Con esa política, adoptada en 2019 por el expresidente Donald Trump, decenas de miles de solicitantes de asilo fueron enviados a México hasta que tuvieran que comparecer ante una corte de Estados Unidos por su audiencia migratoria. 

El programa fue considerado cruel y peligroso, al dejar a personas vulnerables en condiciones inseguras en poblados fronterizos. 

La política será desfasada “de manera rápida y ordenada”, informó la dependencia estadunidense en un comunicado. 

Nadie más será incluido y quienes crucen la frontera para asistir a sus audiencias en la corte no serán devueltos a México, agregó la entidad. 

El Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), como se denomina oficialmente la política, “tiene fallas endémicas, impone costos humanos injustificados y quita recursos y personal de otras tareas prioritarias para resguardar nuestra fronteras”, agregó el departamento. 

Poco después de llegar al poder, Biden intentó suprimir la medida como parte de lo que denominó un abordaje más humano a la migración. 

Pero varios estados con gobiernos republicanos, encabezados por Texas, demandaron al gobierno federal, y un tribunal de la capital ordenó reinstaurar la política. 

El caso llegó a la Corte Suprema, que determinó el 30 de junio que Biden tiene la autoridad de terminar el programa. 

Desde el inicio de la política en enero de 2019 hasta su suspensión inicial, al menos 70 mil personas fueron enviadas a México según el Consejo Estadunidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro fundada en 1987 que defiende a los inmigrantes. 

El gobierno de Trump argumentó que la política permitiría contener la inmigración ilegal a Estados Unidos. 

Durante el mandato de Biden, las autoridades impidieron la entrada de más de 200 mil personas que intentaban ingresar ilegalmente y fueron devueltas, ya sea por el PPM o por otra disposición fronteriza adoptada por la pandemia del coronavirus. 

Agencia.

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La semana pasada, Estados Unidos y México acordaron reiniciar el programa conocido como “Quédate en México”, cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección al Migrante (MPP), que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México las audiencias de inmigración de Estados Unidos.

 La reimplementación responde al fallo de un juez federal de Texas que ordenó a la Administración Biden retomar la política, siempre y cuando México estuviera de acuerdo. Desde que inició en 2019, más de 70 mil migrantes han estado sujetos al MPP.

  México condicionó el reinicio a que Washington cumpliera ciertos criterios, incluida la vacunación contra Covid-19 a los solicitantes de asilo, la aceleración de los trámites y apoyo para los refugios.

  Los dos primeros migrantes que regresaron bajo el esquema renovado ingresaron a México por un cruce fronterizo en Ciudad Juárez frente a El Paso, Texas, según el portavoz de la OIM.

  Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó hoy la reimplementación del MPP ordenada por la corte.

  “Por razones de seguridad operativa, el DHS no comparte detalles como la ubicación de las declaraciones iniciales o el número de personas inscritas”, dijo el portavoz de CBP.

Reforma

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 Sin embargo, el Gobierno planea hacer otro intento para rescindir los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), comúnmente denominada política de “Permanecer en México”, incluso mientras toma medidas para cumplir con el fallo de agosto de un juez de Texas, aseguraron funcionarios.

 Al inicio de la Administración de Biden se frenó la inscripción de nuevos migrantes al programa y después se permitió la entrada paulatina a Estados Unidos de algunos de los migrantes que permanecían en México. Pero un juez de Texas ordenó restablecer el programa tal como lo decretó Trump. 

El posible restablecimiento del MPP, incluso a corto plazo, se sumaría a una mezcla confusa de políticas estadounidenses vigentes en la frontera con México, donde los cruces hacia el norte han tocado máximos de 20 años en los últimos meses.

 La Administración Biden dijo que solo puede avanzar si México está de acuerdo. Funcionarios de ambos países aseguran que están discutiendo el asunto.

 En la noche del jueves, la Cancillería mexicana emitió un comunicado donde explicó que elevó sus preocupaciones a su contraparte estadounidense respecto a la implementación del MPP, solicitando “respeto al debido proceso, garantía de certidumbre jurídica y acceso a asesoría legal, así como sobre la seguridad de las personas migrantes”.

 Trump, un republicano conocido por sus políticas migratorias de línea dura, creó el MPP en 2019 argumentando que muchas solicitudes de asilo eran fraudulentas y que los solicitantes a los que se les permitiera ingresar a Estados Unidos podrían terminar quedándose ilegalmente si no atendían sus audiencias.

 Biden, un demócrata, puso fin a la política poco después de asumir el cargo en enero, como parte de su compromiso de adoptar un enfoque más humano de los problemas fronterizos.

 Los defensores de derechos humanos han dicho que el programa expuso a los migrantes a la violencia y los secuestros en peligrosas ciudades fronterizas donde la gente acampaba durante meses, o años, en refugios, o en la calle, esperando audiencias de asilo en Estados Unidos. ‘No me disculpo’ En marzo, en su primera rueda de prensa como Mandatario, Biden defendió su política y aseguró: “No me disculpo por poner fin a programas que no existían antes de que Trump asumiera la Presidencia y que tienen un impacto increíblemente negativo en la ley, el derecho internacional y la dignidad humana”.

 Después de que Texas y Misuri, encabezados por republicanos, demandaran a Biden por poner fin al MPP, el juez Matthew Kacsmaryk dictaminó en agosto que debía ser reinstalado.

 La Corte Suprema de Estados Unidos, cuya mayoría conservadora de 6-3 incluye a tres jueces designados por Trump, dejó que el fallo se mantuviera, rechazando una oferta de la Administración Biden para bloquearlo.

  El Gobierno ha dicho que cumplirá con el fallo de Kacsmaryk “de buena fe” mientras continúa con su apelación del caso.

 La Administración Biden también planea emitir un nuevo memorando para terminar el programa con la esperanza de que resuelva cualquier inquietud legal relacionada con el anterior, dijeron autoridades.

 “La reimplementación no es algo que la Administración haya querido hacer”, aseguró un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que habló bajo condición de anonimato, en una llamada con periodistas. “Pero mientras tanto estamos bajo esta obligación de la corte”.

  El funcionario agregó que la Administración Biden ha tomado medidas que incluyen la preparación de tribunales, algunos en tiendas de campaña, cerca de la frontera donde se podrían llevar a cabo las audiencias de asilo.

  En agosto, cuando se dio el fallo de Kacsmaryk, el Gobierno de México aseguró que no estaba obligado a acatar la orden de la Corte Suprema estadounidense de mantener el MPP.

 En el comunicado del jueves, la cancillería mexicana aseguró que había sostenido reuniones con funcionarios estadounidenses desde agosto “con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común”.

  Biden ha dejado en vigor otra política que Trump implementó a principios de la pandemia del coronavirus que permite que la mayoría de los migrantes detenidos cruzando la frontera sean expulsados rápidamente por razones de salud pública. Un funcionario del DHS dijo que esa política continuará.

 En una victoria para México en un frente separado, Estados Unidos dijo esta semana que abrirá sus fronteras a ciudadanos extranjeros completamente vacunados a principios de noviembre, poniendo fin a las restricciones a los viajeros no esenciales durante la pandemia.

Reforma

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