De manera adicional, el organismo electoral deberá unir a su proyecto los 5 mil 833 millones que por ley debe entregar a los partidos políticos en financiamiento público, por lo que en total sumará 24 mil 660 millones de pesos.

El INE confirmó que pedirá 3 mil 830 millones de pesos para la revocación de mandato y mil 913 millones para una consulta popular.

Los consejeros defendieron su proyecto, que será aprobado el 27 de agosto por el Consejo General, al argumentar que es racional, necesario y está justificado.

Aseguraron que en comparación con el 2020, su presupuesto base será prácticamente el mismo de 11 millones, y en proyectos institucionales bajará de 9 mil 204 millones a mil 858 millones de pesos, sin contar los 5 mil 743 millones por revocación y consulta.

El INE también sumó los 870 millones de pesos que la Cámara de Diputados recortó este año, pues son proyectos de mantenimiento o actualización tecnológica que quedaron pendientes.

De acuerdo con las solicitudes por área, las direcciones que más recursos acaparan es Capacitación con 3 mil 290 millones de pesos; Organización, 2 mil 715 millones; Administración, 2 mil 500 millones; Registro Federal Electoral, 518 millones.

“El INE no puede omitir la presupuestación de los recursos indispensables para ejercer sus atribuciones, al mismo tiempo lo hace con racionalidad, calculando sus gastos con realismo y justificación.

“La racionalidad de la planeación y ejercicio del gasto se guían por criterios de austeridad para evitar ineficiencias y dispendios, pero la austeridad no puede confundirse con la inoperancia”, afirmó el consejero Jaime Rivera.

El también presiente de la Comisión de Presupuesto aseguró que si la Cámara de Diputados no aprueba los recursos para la revocación de mandato y éste reúne las firmas necesarias, recurrirán nuevamente a la Suprema Corte de Justicia, porque estarían imposibilitados de realizar dicho ejercicio.

Los consejeros argumentaron que incluyen una consulta popular porque desconocen si el Ejecutivo federal, ciudadanos o Poder Legislativo la solicitará, pues la intención de alguno de éstos debe presentarse hasta septiembre.

“Tenemos que entregar el presupuesto en agosto, y la posibilidad de una consulta se activa en septiembre, cómo vamos a saber si alguien va a presentar una consulta, pues no podemos colocarnos en la cabeza del Presidente, ni de los legisladores o ciudadanos”, aseguró el consejero Ciro Murayama.

La consejera Claudia Zavala argumentó que se cotizó dicha consulta en mil 913 millones basándose en la nueva ley que existe sobre la materia, pues la que efectuaron el 6 de agosto y costó 540 millones de pesos se realizó sin dicha legislación.

“Hay una ley vigente y ésta sirve de base para presupuestar el ejercicio de participación ciudadana, y ahí se entiende que el modelo cambio y como está establecido en la ley, pues presupuestalmente implica la cantidad que se está presupuestando”, explicó.

El consejero José Roberto Ruiz afirmó que el mensaje a los legisladores que existe una nueva realidad en el país, que es la democracia participativa, por lo que los ejercicios de participación ciudadana requieren recursos.

En caso de que no se solicite ninguna consulta popular ni se logren las firmas para la revocación de mandato, el INE renunciara a dichos recursos para que la Tesorería no los entregue.

Agencia Reforma

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