CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal del Estado de México ordenó de nueva cuenta la aprehensión de siete oficiales del Ejército que ya habían sido absueltos de la matanza de 22 personas ocurrida el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

De acuerdo con informes judiciales, Olga María Josefina Ojeda Arellano, magistrada del Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca, instruyó las capturas de todos los militares por el delito de ejercicio indebido del servicio público y contra tres de ellos por homicidio.

Los acusados por ambos delitos son Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, los únicos que en caso de ser detenidos y procesados no podrían obtener su libertad, pues el homicidio contempla la prisión preventiva en los dos sistemas de justicia vigentes.

En tanto, Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz y Alan Fuentes Guadarrama estarían acusados solo por ejercicio indebido del servicio público, cargo que les permitiría en teoría un juicio en libertad provisional.

Este caso ha sido reactivado por la Fiscalía General de la República casi tres años y medio después de que Quintero, Acevedo y Hernández quedaran en libertad, luego de que el mismo tribunal –en ese entonces a cargo del magistrado Adalid Abriz– revocara la formal prisión.

En aquel proceso, estos tres oficiales inicialmente fueron formalmente presos por los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo, mientras que sus otros compañeros estuvieron sujetos a juicio por ejercicio indebido del servicio público.

En mayo de 2016 ya todos los militares acusados habían abandonado el Campo Militar Número Uno de la Ciudad de México.

Fuentes federales indicaron que la FGR se encuentra en proceso de revisión y reactivación de varios casos del sexenio pasado que fueron archivados con el argumento de la falta de elementos o que podían volver a ser reformulados, tras sufrir un revés judicial, como es el caso Tlatlaya.

La Fiscalía acusó a los ahora nuevamente prófugos de la justicia de haber participado en un operativo registrado en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, donde murieron 22 personas en el interior de una bodega.

Si bien en un principio las autoridades aseguraron que se había tratado de un enfrentamiento contra miembros de La Familia Michoacana, la investigación presentó indicios de la implicación de algunos de los oficiales en las muertes y en la alteración de la escena del crimen

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