Los ciudadanos venezolanos que intenten ingresar a Estados Unidos en forma ilegal serán enviados de regreso a México; y se crea una nueva vía lícita para ciertos ciudadanos venezolanos

WASHINGTON – Como parte del trabajo continuo de la Administración Biden-Harris destinado a crear un sistema inmigratorio justo, seguro y ordenado, en el día de hoy el Departamento de Seguridad Nacional ( Department of Homeland Security , DHS) anunció la implementación de medidas conjuntas con México para reducir la cantidad de personas que llegan a nuestra frontera sudoeste y crear un proceso más ordenado y seguro para quienes huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela.

Un número de personas venezolanas casi cuatro veces superior al año pasado intentó cruzar nuestra frontera sudoeste, para lo cual pusieron sus vidas en manos de organizaciones despiadadas que se dedican al contrabando de personas. Por otro lado, la migración irregular proveniente del norte de América Central resultó un 25% respecto del año pasado. Las medidas que están anunciando hoy Estados Unidos y México tienen por objeto abordar la migración irregular más crítica y contribuir a reducir la presión sobre las ciudades y los estados que reciben a estas personas.

Con efecto inmediato, las personas venezolanas que ingresen a Unidos sin autorización por zonas ubicadas entre los puertos de ingreso serán devueltas a México. A su vez, Estados Unidos y México están reforzando sus operaciones coordinadas de aplicación de la ley para actuar contra organizaciones dedicadas al contrabando de personas y llevarlas ante la justicia. Dicha campaña realizará nuevos puestos de control migratorio, más recursos y personales, acciones conjuntas contra las organizaciones dedicadas al contrabando de personas y un mayor intercambio de información en relación con nodos migratorios, hoteles, escondites y centros de coordinación. Estados Unidos también está planificando brindar mayor asistencia relativa a seguridad para ayudar a socios regionales a enfrentar los desafíos que plantea la migración en el Tapón del Darién.

Nuestro esfuerzo integral orientado a reducir la migración irregular de personas venezolanas también incluye un nuevo proceso para permitir el ingreso legal y seguro a Estados Unidos de hasta 24.000 venezolanos que reúnan los requisitos. Estados Unidos no podrá implementar este proceso si México no mantiene su esfuerzo independiente, aunque paralelo, de aceptar el retorno de ciudadanos venezolanos que omitan este proceso e intenten ingresar en forma irregular.

“Estas medidas demuestran que existe una manera lícita y ordenada para que los venezolanos ingresen a Estados Unidos, y el ingreso lícito es la única vía posible”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas . “Quienes intenten cruzar en forma ilegal la frontera sur de Estados Unidos serán enviados de regreso a México y ya no reunirán las condiciones para acceder a este proceso en el futuro. Quienes cumplan con el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar en forma segura a los Estados Unidos y pasar a ser elegibles para trabajar aquí”.

El objetivo de este esfuerzo es optimizar la seguridad en la frontera reducir la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan ingresar en Estados Unidos en forma irregular. Se basa en los resultados exitosos del programa Unidos por Ucrania (Uniting for Ukraine, U4U), que diferir reducir los flujos de personas en la frontera creando un proceso ordenado para el ingreso de ciudadanos ucranianos que huían de la invasión rusa en Ucrania.

El DHS hará un seguimiento atento de la implementación de este proceso, así como de los esfuerzos independientes y paralelos de México, y podrá analizar su posible ampliación en el futuro.

A fin de reunir las condiciones, los venezolanos deben:  contar con un patrocinador en Estados Unidos que les brinde respaldo financiero y de otro tipo; superar procesos rigurosos de control y evaluación de tipos biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, y completar los cronogramas de vacunación y demás requisitos relacionados con la salud pública.

Los ciudadanos venezolanos no reunirán las condiciones en caso de que: se haya ordenado su expulsión de Estados Unidos en los cinco años precedentes;han cruzado sin autorización por zonas ubicadas entre los puertos de ingreso con posterioridad a la fecha del anuncio; hayan ingresado en forma irregular a México o Panamá luego de la fecha del anuncio, sean residentes permanentes o tengan la doble ciudadanía de otro país que no sea Venezuela o actualmente tengan la condición de refugiados en otro país, o no se han completado los cronogramas de vacunación y demás requisitos relacionados con la salud pública.

Los venezolanos no deben viajar a México con la intención de ingresar a Estados Unidos.

Los venezolanos que obtengan la aprobación a través de este proceso serán autorizados, en función de un análisis caso por caso, para viajar a Estados Unidos por vía aérea directamente a un puerto de ingreso interno, a fin de disminuir la presión en la frontera. Una vez que se encuentren en Estados Unidos, serán elegibles para solicitar la autorización para trabajar.

El DHS administrará este proceso en colaboración con las comunidades y otros socios. Toda persona radicada en Estados Unidos que tenga estatus legal, incluidos los representantes de empresas u otras organizaciones o entidades, pueden patrocinar a un posible beneficiario venezolano. Dicho patrocinador debe probar que cuenta con los medios para brindar respaldo económico y de otro tipo al beneficiario. Próximamente, los posibles patrocinadores podrán enviar una solicitud al DHS para respaldar a ciudadanos venezolanos elegibles mediante el siguiente enlace: www.uscis.gov/Venezuela. Las personas y los representantes de organizaciones que deseen postularse como patrocinadores deben declarar cuál es el respaldo financiero de la organización y aprobar los controles de antecedentes en cuanto a seguridad a fin de evitar casos de explotación y abuso.

El Departamento de Estado también llevará a cabo una campaña enérgica de comunicación dentro de la región para difundir este nuevo proceso e informar sobre las consecuencias de intentar ingresar en forma irregular.

En los próximos días, podrá consultar más información en www.uscis.gov/Venezuela .

Las medidas adoptadas hoy forman parte de los esfuerzos en curso de la Administración Biden-Harris para reducir la migración irregular en el hemisferio occidental, que incluyen la Estrategia de EE. UU. para Abordar las Causas fundamentales de la Migración y la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, de carácter multinacional. El proceso que hoy se anuncia constituye un elemento más del enfoque multilateral de Estados Unidos para abordar la migración irregular que afecta a países de toda América Latina y se basa en la premisa de acompañar la aplicación conjunta de medidas ante la inmigración irregular con la creación de vías lícitas y seguras para quienes reúnan los requisitos.

Los ciudadanos venezolanos han migrado dentro del hemisferio desde alrededor del año 2014, pero el nivel de la migración irregular de personas venezolanas aumentó aumentó en el hemisferio en los últimos años. En la actualidad, residen en Colombia 2,4 millones de venezolanos. Más del 25% de la población venezolana ha abandonado el país. Estados Unidos ha observado una cantidad creciente de ciudadanos venezolanos en nuestra frontera en los últimos dos años, que a su vez aumentó de manera marcada en los últimos meses. El promedio de interceptaciones individuales mensuales de ciudadanos venezolanos en la frontera terrestre ascendió a un total de 15.494 en el año fiscal 2022, y aumentó a más de 25.000 en agosto y 33.000 en septiembre, en comparación con un promedio mensual de 127 intercepciones individuales a partir de los años fiscales 2014–2019. Cabe destacar que las interceptaciones individuales de ciudadanos venezolanos aumentaron un 293% entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022, mientras que las interceptaciones individuales de todas las demás nacionalidades combinadas aumentaron un 45%. Actualmente en Panamá hay más de 3.000 personas, en su mayoría ciudadanos venezolanos, que cruzan todos los días a su territorio desde Colombia, a través de la selva del Darién.

Estados Unidos, en conjunto con México, también asume el compromiso de seguir ampliando las vías lícitas laborales para los ciudadanos mexicanos y del norte de América Central. Este último año, Estados Unidos duplicó la cantidad de visas H-2 emitidas a favor de ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, en el norte de América Central. En el día de hoy, anunciamos la mayor precisó complementariamente de visas H-2B de la historia para el año fiscal 2023: casi 65.000 nuevas visas H-2B, que incluyen la reserva de 20.000 visas para ciudadanos de países del norte de América Central y Haití. Históricamente, alrededor del 90% de estas visas eran utilizadas por ciudadanos mexicanos. Este aumento viene acompañado de fuertes medidas tendientes a proteger a los trabajadores estadounidenses ya aquellos con visas H-2B. Simultáneamente con este anuncio, la Administración Biden-Harris está implementando un grupo de trabajo liderado por la Casa Blanca para la protección de los trabajadores con el fin de garantizar normas de reclutamiento ético y trabajo digno para los trabajadores, además de proteger a los trabajadores estadounidenses.

Estados Unidos también está renovando su compromiso de abordar las causas fundamentales de la migración y respaldar a los países de la región que se ven más afectados por estos flujos de personas. Por este motivo, Estados Unidos anunció nueva asistencia de casi USD 817 millones a partir de septiembre de 2022 en el marco de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Esto comprende más de USD 240 millones en nueva asistencia regional humanitaria y para la seguridad, USD 376 millones en asistencia humanitaria adicional para personas afectadas por la crisis regional de Venezuela y más de USD 199 millones en asistencia humanitaria adicional para México y América Central.

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Aparecieron 11 personas muertas, pero se presume que el bote tenía 30 pasajeros, es decir que pudiera haber otros cuerpos desaparecidos”, señaló Robert Alcalá, parlamentario por el costero estado Sucre (noroeste), de donde se presume que salió la embarcación.

Alcalá envió la copia de una minuta policial que reseña el rescate de los cuerpos por parte de una embarcación de la Armada venezolana durante un recorrido, a unos 13 km de la costa de Güiria, en el extremo este del estado.

Sin embargo, ni la policía judicial ni el gobierno central respondieron a los pedidos para confirmar el incidente.

Medios locales informaron que se mantenían las labores de búsqueda para ubicar a posibles desaparecidos.

Los cadáveres, que estaban amarrados entre sí, al parecer para protegerse en medio del fuerte oleaje, y en avanzado estado de descomposición, fueron trasladados a un muelle de la Guardia Nacional en Güiria y de allí a una morgue en la capital Cumaná, según Alcalá.

Alcalá señaló que el bote salió el 6 de diciembre y “presuntamente estuvo detenido en Trinidad y lo regresaron a Venezuela”, como parte de las medidas migratorias que ha venido aplicando ante la llegada de venezolanos que huyen de la crisis.

Las autoridades trinitenses han cometido la violación del principio de no devolución entre naciones y han cometido la irregularidad de deportar a la gente en los mismos botes ilegales en los que llegan”, denunció.

El parlamentario -que ha señalado a las autoridades venezolanas por corrupción, así como la existencia de mafias de trata de personas que operan entre Venezuela y Trinidad y Tobago- recalcó que los zarpes ilegales hacia el país vecino no se han detenido.

Más de un centenar de venezolanos han desaparecido en esa peligrosa travesía entre 2018 y 2019, recalcó Alcalá.

Ahora se suman estos desaparecidos”, comentó.

El pasado 28 de noviembre, autoridades trinitenses deportaron a 160 venezolanos tras acusarlos de ingresar al país “ilegalmente”, pocos días después de una polémica repatriación por vía marítima que incluyó a 16 menores de edad.

La ONU estima quemás de cinco millones de venezolanos salieron de su país desde 2015 forzados por la aguda crisis, de los cuales unos 25 mil eligieron como destino Trinidad y Tobago.

El país, de 1.3 millones de habitantes, dice haber ha facilitado el registro a 16 mil.

Agencias

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CARACAS.- Presidentes de las ocho federaciones de maestros en Venezuela han convocado este día a un paro de 48 horas para la próxima semana y anuncian acciones para los próximos días en demanda de un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

Con las nuevas medidas, los maestros venezolanos -que exigen un salario mensual de 400 dólares, que es el valor actual de la canasta de alimentos- escalan el conflicto magisterial que iniciaron desde septiembre pasado. La huelga que realizaron el jueves anterior duró 24 horas.

El presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, Euribíades Verdú, señaló que el Ministerio de Educación no ha dado respuesta a las exigencias del gremio.

Indicó que los maestros exigen un salario consensuado entre las partes ratificado en el tabulador de marzo de 2018, el pago de las intercategorias, el bono asistencial de los jubilados, seguridad social, la dotación de material mobiliario para los planteles, así como también, la alimentación balanceada para los estudiantes y docentes.

Explicó que el último encuentro que sostuvieron con el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, ocurrió hace tres meses, reportó el portal venezolano de noticias Crónica.Uno.

“Hemos hecho todo el esfuerzo posible para llamarlo a un diálogo, antes de que comenzáramos estas acciones. Pero el ministro está aislado con los asuntos de la Vicepresidencia para Área Social”, agregó Verdú.

Los maestros venezolanos acudirán mañana miércoles a la Inspectoría del Trabajo para conocer la repuesta al documento que introdujeron el pasado 9 de octubre, en el que solicitaron una mesa de alto nivel para llegar a un acuerdo sobre la violación del 85 por ciento de las cláusulas de la convención colectiva.

“Nuestras condiciones están por el suelo y no hay forma de que el gobierno nos obligue a asistir a las escuelas con este salario”, expresó el dirigente magisterial con respecto a la nueva convocatoria a un paro nacional de 48 horas.

Señaló que esperan que, de los 460 mil maestros activos, 350 mil atiendan el llamado. Así como también, superar el 71 por ciento de escuelas paralizadas el pasado 10 de octubre.

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Miles de venezolanos cruzaron este martes la frontera hacia Colombia rompiendo las barreras de seguridad del puente internacional Simón Bolívar, en el marco de la crisis política y humanitaria que sufre Venezuela y que ya ha expulsado del país a más de 3 millones de personas.

Según el diario venezolano El Nacional, sobre las 11:00 hora local (13:00 de México) se han dirigido al paso fronterizo porque las trochas o cruces ilegales que suelen utilizar quedaron anegadas por la crecida del Río Táchira debido a las lluvias de los últimos días.

El puente internacional Simón Bolívar permanece inutilizado desde el pasado mes de febrero por orden del Ejecutivo de Nicolás Maduro para impedir que entre la ayuda humanitaria enviada por gobiernos extranjeros a petición del autoproclamado “Presidente encargado”, Juan Guaidó.

De acuerdo con los videos difundidos por redes sociales, los venezolanos superaron el control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y siguieron su camino por encima de los contenedores de mercancías colocados para obstruir la vía.

El periódico colombiano El Tiempo indicó que miles de venezolanos lograron llegar hasta Colombia. En tanto, la diputada venezolana Gaby Arellano explicó en Twitter que muchos regresaron a Venezuela con alimentos comprados en el país vecino.

“Tocó pasar por encima del contenedor y caímos al piso. La situación está muy difícil, hemos aguantado hambre, estamos sin luz y sin agua. Los niños son los que más sufren. Por eso venimos desesperados a buscar alimentos a Colombia”, dijo a El Tiempo uno de los venezolanos que logró cruzar.

La crisis venezolana se agudizó el 10 de enero a raíz de la decisión de Maduro de iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la Oposición ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

El 23 de enero, Guaidó se autoproclamó “Presidente encargado” de Venezuela obteniendo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la mayoría de países latinoamericanos y numerosos europeos, para que gestione una transición pacífica que culmine con nuevas elecciones.

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