En Corea del Sur, los transportistas de carga votaron a favor de terminar con la huelga que comenzó el pasado 24 de noviembre y que ha dejado al país afectado después de que el Gobierno surcoreano diera una nueva orden de que regresaran a sus puestos de trabajo.
El Sindicato de Solidaridad de Camioneros de Carga, decidió realizar una votación que terminó con casi el 62 por ciento de votos a favor del fin del paro. Previamente, la sección sindical del puerto de Busan, uno de los más importantes del país, ya había decidido suspender la huelga sin votación mediante.
El gobierno surcoreano, se ha visto obligado por primera vez a recurrir a esta normativa desde la promulgación de la correspondiente ley de 2004, las órdenes han contado con el respaldo del opositor Partido Democrático.
Algunos camioneros lamentaron la existencia de una normativa que consideran como anticonstitucional, según la agencia Yonhap. Esta ley prohíbe hacer huelga sin motivos justificados, pero nunca aclara qué razones califican como válidas.
Asociaciones laborales del país han pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que revise si la orden del Gobierno quebranta los derechos básicos de los empleados.
La agencia de Naciones Unidas envió una carta a nombre de Corinne Vargha, su directora de normas laborales internacionales, solicitando que el gobierno de Corea del Sur aclare su postura sobre la disputa. Esto fue confirmado por el Ministerio de Empleo y Trabajo.
Tras la declarada por los camioneros de transporte de cemento, esta se convierte en la segunda huelga en menos de seis meses y ha costado al gobierno surcoreano unos 2 mil 600 millones de dólares. Los manifestantes exigían una prórroga indefinida del llamado Sistema de Tarifas de Fletes para el Transporte de Carga Seguro, que garantiza salarios mínimos, cruciales para la seguridad y la estabilidad financiera frente a aumento de los precios del combustible.
El mes pasado, el gobierno comunicó que extenderían el sistema por otros tres años, más allá de su vencimiento programado, pero camioneros exigieron que el Gobierno hiciera permanente el sistema y lo ampliara para cubrir no solo a los camioneros que entregan carga y cemento, sino también a los conductores de otros sectores como el petrolero, el químico, transportistas de acero o paquetería.
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