El 7 de julio de 2021, Haití amanecía con la noticia de que su presidente, Jovenel Moise, acababa de ser asesinado en su casa por un comando armado.
Un año después, las investigaciones están en punto muerto, los instigadores y los motivos del crimen siguen sin conocerse y el clima político en el país continúa deteriorándose.
Aquel día, los atacantes parecen haber ingresado con facilidad a la residencia del presidente, sin que las unidades de élite encargadas de su protección hicieran algo para neutralizarlos.
Unas horas más tarde, la policía haitiana mostró una velocidad excepcional al arrestar a una veintena de personas, incluidos 18 exsoldados colombianos.
Pero los procesos judiciales posteriores, realizados tanto en Haití como en Estados Unidos, han avanzado con extrema lentitud.
Desde la muerte de Moise, la presidencia está vacante y no hay fecha prevista de elecciones para designar a su sucesor. Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las cuarenta personas encarceladas, incluidos los colombianos que presuntamente integraron el comando.
Para peor, la justicia está más a la deriva que nunca: desde hace un mes, las oficinas de la fiscalía en Puerto Príncipe fueron ocupadas por una de las muchas bandas criminales que controlan porciones enteras del territorio haitiano.
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