Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer cinco salas especializadas en hechos de corrupción es injustificada y es contraria a lo que establece la ley, consideró Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para desaparecer las salas, explicó, tendría que llevarse a cabo un proceso de reforma legislativa, pues la ley por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en 2015 prevé la existencia de esas salas para conocer de las faltas administrativas graves.
“El tema de que el Presidente diga: se cambia, pues tendría que iniciarse un proceso de modificación legislativa porque lo que dijo el Presidente hoy es en contra de lo que la ley indica”, advirtió.
Esta mañana, en su conferencia diaria, López Obrador anunció que tiene planeado impulsar una reforma para eliminar las salas regionales y que una sola sea la que atienda todos los casos.
Sin dar detalles, indicó que estas salas implicarían la creación de 300 plazas, lo que generaría costos al erario.
En entrevista telefónica, Cruz Lesbros señaló que desaparecer las salas regionales por un criterio de ahorro no es justificable, pues la impartición de justicia es una obligación del Estado a la que no puede renunciar.
“El Presidente no fue claro, lo único que dice es: queremos reducir costos y yo creo que el tema de reducir costos en un plano de austeridad es conveniente, pero no dejar de gastar quiere decir que es gastar bien.
“El gasto tiene que hacerse con orientación a la eficiencia y a la consecución de los objetivos que los propios legisladores previeron para que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo.
“El gasto tiene que hacerse con orientación a la eficiencia y a la consecución de los objetivos que los propios legisladores previeron para que funcionara el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo.
Cruz Lesbros recordó que el SNA no se ha completado porque no han sido nombrados los 18 magistrados que deberían integrar la sala superior y las cinco especializadas, y en esa omisión han sido responsables tanto el titular del Ejecutivo como el Senado de la República.
“Entonces, el problema principal es que no se ejecuta lo que ley está previendo y entonces el sistema hoy por hoy no está completo, a cinco años de que fue la reforma constitucional y pareciera que se atora y no camina”, expuso.
