CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos.
Gregorio Salazar Hernández, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, decretó prisión preventiva oficiosa contra los acusados.
En una audiencia que duró más de 12 horas y que concluyó alrededor de las 3:00 de este domingo, el juez también dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria, con opción a ampliarla tres meses más.
Además de Sosa Castelán, fueron vinculados a proceso María Luisa Montalvo Sierra, María Cruz Campos Álvarez y Juan Manuel Hernández Gayosso.
Los hombres quedaron presos en el Altiplano mientras que las mujeres están internadas en el penal federal femenil de Morelos.
La FGR acusa a Sosa Castelán de haber empleado una empresa “fachada” para lavar 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte importante procedente de la UAEH, y triangularlos en beneficio propio, de familiares y allegados.
El eje de la investigación es la empresa Contabilidad del Siglo XXI Pachuca S.C., constituida el 18 de enero de 2001 y sobre la cual no existe registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrón, tampoco una declaración de impuestos de 2011 a 2018, ni registros de expedición de comprobantes fiscales digitales por internet.
Entre 2011 y 2018 esta compañía recibió 58 millones 245 mil 948 pesos en sus cuentas, provenientes de 10 personas relacionadas entre sí; sus accionistas realizaron retiros por 48 millones 569 mil 840 pesos.
Sosa Castelán aparece como el principal destinatario de los recursos que recibió Contabilidad del Siglo XXI Pachuca, con 23 millones 567 mil pesos en el mismo periodo.
La mecánica del supuesto lavado consistía en que la UAEH transfería recursos a esta empresa y a otras razones sociales, que a su vez triangulaban el dinero. Las intermediarias estaban controladas por el grupo de Sosa, al igual que la sociedad civil que concentraba los depósitos.
Este caso fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la FGR el 28 de mayo de 2018, y se amplió la denuncia el 19 de junio del mismo año, sin embargo, la investigación fue retomada hasta marzo de 2019.
La FGR aún busca aprehender a Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastacia Elizabeth Baños Baños, y a las hermanas Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, hijas de Gerardo Sosa Castelán, a quienes se le acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Agencia Reforma
