Un juez federal de México ha emitido las primeras suspensiones provisionales contra la nueva ley que obliga a registrar datos biométricos (como huellas dactilares y fotografía) en la Clave Única del Registro de Población (CURP).
El juez Oswaldo Rivera González concedió suspensiones a dos personas que argumentaron que la reforma a la Ley General de Población (LGP) podría ser inconstitucional. El juez justificó la suspensión diciendo que, una vez entregados, los datos biométricos no se podrían recuperar, mientras que la medida puede revertirse si la ley es declarada constitucional más adelante.
La suspensión provisional evita que estas dos personas sean obligadas a entregar sus datos biométricos para obtener su nueva CURP.
Lo que dice la ley y el gobierno
La reforma a la LGP, publicada el 16 de julio, establece que la nueva CURP biométrica será un documento de identificación nacional de uso obligatorio. Sin embargo, la ley también aclara que la inclusión de estos datos requerirá la autorización de la persona.
La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado en varias ocasiones que la participación en este registro es opcional y que busca ayudar en temas como la búsqueda de personas desaparecidas. Aunque la ley señala que la nueva CURP serviría como identificación, quienes se nieguen a dar sus datos seguirán usando la CURP tradicional.
Se espera que para mediados de octubre, el gobierno ya tenga listos los medios para el registro de estos datos.
El juez decidirá el 1 de septiembre si las suspensiones se vuelven definitivas, y la decisión final sobre la constitucionalidad de la ley recaerá en los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
Agencias.
