El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció de inmediato su retórica y acciones antimigratorias luego de que un ciudadano afgano fuera detenido como sospechoso del ataque armado en Washington D.C., que hirió gravemente a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.
Aunque la información inicial sugería la muerte de los agentes, la nota aclara que los dos miembros de la Guardia Nacional (elementos de Virginia, desplegados en agosto por orden de Trump) siguen hospitalizados y en estado crítico.
Reacción Presidencial y Congelación Migratoria
Tras revelarse que el sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal (29 años), era un ciudadano afgano, el presidente Trump emitió un mensaje oficial:
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Retórica: Calificó el tiroteo como un “acto de odio” y se refirió al sospechoso como “un animal”. Culpó al expresidente Joe Biden por permitir el ingreso del sujeto en septiembre de 2021.
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Revisión: Trump ordenó “volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán”.
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Acción Inmediata: Diez minutos después de su mensaje, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. anunció la suspensión indefinida de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, a la espera de una revisión de protocolos de seguridad y verificación de antecedentes.
Detalle del Sospechoso
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que Lakanwal ingresó al país en 2021 bajo el programa Operación Aliados Bienvenidos de la Administración Biden, que acogió a personas afganas tras la toma de Kabul por los talibanes.
Aunque obtuvo un permiso de dos años, su estatus actual era irregular tras la expiración del programa. Autoridades locales no han revelado los posibles motivos del ataque o antecedentes del sospechoso. Grupos sociales que apoyan a los migrantes afganos han solicitado que el tirador tenga un “proceso legal justo” y que el incidente no se use para “menospreciar a toda una comunidad”.
Refuerzo de Seguridad
En respuesta al ataque, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la adición de 500 militares más a los 2,500 ya desplegados en Washington desde agosto. Por su parte, el Departamento de Justicia solicitó ante un tribunal de apelaciones que se elimine la orden de retirar a los miembros de la Guardia Nacional el 11 de diciembre, argumentando la necesidad de mantener la seguridad.


