La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México debatió un proyecto crucial sobre la reapertura o anulación de juicios ya concluidos, particularmente en casos donde se presume un proceso fraudulento.
La ministra Loretta Ortiz presentó un proyecto que inicialmente declaraba la improcedencia de anular un juicio cerrado, incluso por fraude. No obstante, ella misma votó en contra de su propuesta, señalando que existen mecanismos procesales para tramitar la nulidad de la “cosa juzgada”.
Posturas a Favor de la Reapertura:
Una mayoría de ministros se mostró a favor de flexibilizar el principio de cosa juzgada para evitar injusticias:
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Lenia Batres: Argumentó que no debe privilegiarse una aplicación rígida de la cosa juzgada si esta convalida actos fraudulentos, pues esto vulneraría la seguridad jurídica. Propuso una instancia para revisar controversias por presunto fraude procesal.
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Hugo Aguilar (Presidente): Apoyó la reapertura de sentencias si la cosa juzgada se alcanzó mediante acciones indebidas o fraudulentas, para evaluar si hubo acuerdos ilícitos entre partes o con la autoridad.
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Irving Espinosa: Votó a favor de crear un mecanismo que permita corregir injusticias graves, aun si esto parece ir en contra del principio de cosa juzgada.
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Giovanni Azael Figueroa: Presumió la necesidad de analizar intereses que no fueron considerados en su momento, como la constitucionalidad del caso.
Posturas Contra la Nulidad de Juicio:
Otras ministras defendieron la rigidez de la cosa juzgada por razones de certeza jurídica:
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María Estela Ríos: Argumentó que ya existen recursos legales para abordar casos o juicios fraudulentos, por lo que no es necesaria la nulidad del juicio. Defendió que la cosa juzgada es vital porque brinda seguridad e impide que los juicios sean “indefinidos e interminables”.
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Yasmín Esquivel: Fue la única en oponerse completamente a la nulidad, al sostener que la cosa juzgada es una de las instituciones jurídicas de mayor importancia en un Estado de Derecho porque representa la certeza.
