El presidente municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, ha permanecido ausente del municipio por más de 14 días, en un contexto de tensiones legales que han llamado la atención pública y política en la región.
Aunque desde el gobierno local se ha justificado su prolongada estancia fuera de Reynosa como un periodo vacacional, la ausencia ha coincidido con un momento crítico en su situación judicial, lo que ha generado especulación y cuestionamientos sobre sus motivos y posibles implicaciones.
La causa que ha complicadado su situación es un proceso penal federal por el supuesto delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, delito por el cual existe una orden de aprehensión vigente en su contra.
Recientemente, un Tribunal Colegiado Federal —el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito— negó un nuevo amparo promovido por Peña Ortiz, con el objetivo de detener o frenar el avance del proceso penal y evitar posibles detenciones. Con esta resolución, la orden de aprehensión se mantiene firme y la vía de defensa constitucional que buscaba ha sido cerrada.
Fuentes judiciales detallan que el alcalde había solicitado que su audiencia se realizara mediante videoconferencia, argumentando diversas complicaciones, incluyendo bloqueos carreteros y problemas de seguridad en Tamaulipas. Sin embargo, este recurso también fue desestimado por las autoridades judiciales federales.
El proceso legal que enfrenta Peña Ortiz deriva de una denuncia presentada en el expediente CP/0017/2021, originada por una supuesta compra irregular de bienes —incluyendo un rancho valuado en varios millones de pesos— que, según los denunciantes, no se justificaba con sus ingresos declarados.
De acuerdo con la legislación penal mexicana, el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se considera grave y puede implicar penas de varios años de prisión, además de que en ciertos casos se aplica prisión preventiva oficiosa.
Con el cierre de esta vía de amparo, Peña Ortiz se encuentra en una situación de vulnerabilidad legal real e inmediata, ya que la orden de aprehensión podría ejecutarse en cualquier momento si las autoridades federales así lo determinan.
