CIUDAD DE MÉXICO.- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, rechazó la petición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para mantener los salarios que pagó en 2018, y para que se le permita contratar este año los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para sus empleados.
El Ministro Alberto Pérez Dayán, admitió el viernes pasado la controversia del INEGI para impugnar tanto el tope salarial de 1.6 millones de pesos netos anuales para el Presidente de la República, que en automático redujo las percepciones de sus más altos funcionarios, como la reducción de 500 millones de pesos en la petición presupuestal de dicho órgano.
Sin embargo, el Ministro reiteró el criterio que ha mantenido al negar suspensiones solicitadas en controversias similares promovidas por los institutos Nacional Electoral, Federal de Telecomunicaciones y Para la Evaluación de la Educación, así como por las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Federal de Competencia Económica.
El presidente y el vicepresidente del INEGI ganaban, hasta 2018, 2.4 y 2.2 millones de pesos netos anuales.
El Banco de México es el único órgano al que Pérez Dayán permitió seguir pagando salarios hasta 50 por ciento mayores a los del Ejecutivo, porque esa institución no está sujeta al Presupuesto de Egresos.
En su demanda, el INEGI calificó de “abrupta e injustificada” la baja de salarios, y acusó que la reducción de 4 por ciento en el presupuesto solicitado se aplicó “vulnerando la más esencial garantía de audiencia”.
En el tema de los seguros, el INEGI era parte de las pólizas colectivas contratadas por la Secretaría de Hacienda, que el 9 de enero le informó que las dio por terminadas.
Pérez Dayán también negó la suspensión en este tema, y aclaró que nada le impide al INEGI gestionar modificaciones o ampliaciones a su presupuesto.
La negativa de suspensión no quiere decir que el caso está perdido para el instituto, ni para los demás órganos autónomos inconformes.
En unos meses el pleno de la Corte tendrá que resolver si los recortes presupuestales y topes salariales impuestos por la Cámara de Diputados, en seguimiento a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de bajar el salario del Ejecutivo, violaron la autonomía de órganos que constitucionalmente no están sujetos a otros Poderes.
Los seis órganos autónomos que han presentado controversias, sin contar a Banxico, habían solicitado 34 mil 272 millones de pesos para 2019, pero recibirán 32 mil 80 millones, y sólo Cofece mantuvo el mismo presupuesto que habían pedido originalmente.
Con información de: Reforma
