CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal busca ampliar las facultades del SAT para asegurar bienes de contribuyentes que no colaboran con el fisco, en particular los que aprovechan los servicios de las llamadas factureras.
La Secretaría de Hacienda propuso al Congreso reformar el artículo 40-A del Código Fiscal de la Federación (CFF), para que el SAT pueda aplicar embargos precautorios no sólo sobre contribuyentes o sus responsables solidarios, sino también sobre “terceros con ellos relacionados” que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación.
Además, se pretende modificar el orden de prelación de los bienes a embargar, de tal manera que el SAT actúe en primer lugar sobre los depósitos bancarios o inversiones; en segundo lugar, sobre cuentas por cobrar, acciones o bonos; en tercer lugar, sobre dinero en efectivo o metales preciosos, y solo en cuarto lugar sobre bienes inmuebles.
Actualmente, el CFF pone en primer lugar para fines de embargo precautorio a los bienes inmuebles, mientras que los depósitos bancarios, que son mucho más fáciles de localizar y asegurar, están en el sexto lugar de prelación.
Según la iniciativa, es correcto agregar a los “terceros relacionados” a la lista de personas que pueden ser embargadas, para obligar a que dichos terceros -que son miles de personas físicas y morales- colaboren con el SAT en el combate a las factureras.
“Dentro de los terceros que se oponen generalmente al ejercicio de las atribuciones de la autoridad fiscal, se encuentran aquellos que realizaron presuntas operaciones con empresas que facturan operaciones simuladas, así como los que recibieron ingresos exorbitantes como presuntos asimilados a salarios”, dice la iniciativa.
Lo anterior, en referencia tanto a empresas que aprovechan para deducciones los comprobantes que les expiden las factureras por servicios inexistentes, como aquellos que reciben pagos por supuestos salarios de parte de éstas.
Por ejemplo, solo entre mayo y junio de este año, el SAT difundió detalles de cinco factureras que se hicieron pasar por empleadoras y emitieron cientos de comprobantes por salarios, que sumaron mil 452 millones de pesos, lo que permitió a los supuestos empleados acreditar a su favor la supuesta retención de ISR que le hizo su “patrón”.
En cuanto al aseguramiento de cuentas bancarias en primer lugar, antes que otros bienes, la iniciativa considera que esta medida llevará a los terceros relacionados a “cambiar su conducta y permitir el trabajo de la autoridad fiscal”, ya que sufrirán un impacto inmediato sobre su flujo de efectivo.
Agencia Reforma
