En el marco del Tratado de Aguas de 1944, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan técnico para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en respuesta a la sequía extrema que afecta a la región fronteriza.
El acuerdo establece una ruta clara conforme a los mecanismos previstos en el Tratado y es resultado de un trabajo técnico y político sostenido entre ambos países, con pleno respeto a su soberanía. Asimismo, se garantiza el derecho humano al agua y a la alimentación de las comunidades mexicanas.
El Gobierno de México confirmó su disposición a cumplir con la entrega de una cantidad mínima anual de agua, conforme a las condiciones hidrológicas de la cuenca y a lo establecido en el Tratado de 1944, priorizando el abastecimiento para consumo humano y la producción agrícola.
Este plan permitirá fortalecer la gestión ordenada del recurso hídrico en la cuenca del Río Bravo y avanzar hacia una planeación más previsible y con responsabilidad compartida, incorporando infraestructura y acciones de adaptación de largo plazo frente a los efectos de la sequía.
Finalmente, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con el Tratado de Aguas de 1944 como un instrumento que protege los intereses nacionales y respalda las actividades productivas y agrícolas en el país.
