El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, se encuentra bajo escrutinio por supuestamente omitir la declaración de millones de pesos en sus informes patrimoniales y, por lo tanto, podría enfrentar sanciones legales.
Se le señala de haber recibido una serie de transacciones millonarias entre 2023 y 2024 de parte de empresas privadas, sin reportarlas a las autoridades.
Ingresos Omitidos y Empresas Involucradas
En total, se reporta que el morenista recibió 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales” de dos empresas en particular:
- GH Servicios Empresariales: Esta empresa ha sido señalada por el SAT como una “empresa fantasma” (simuladora de operaciones).
- Operadora Turística Rabatte: Una compañía que obtuvo contratos como proveedora durante la gestión de López como gobernador de Tabasco (2019-2021).
Estas transacciones iniciaron a finales de 2023, justo después de que López dejara la Secretaría de Gobernación para participar en el proceso interno de su partido.
Detalles de las Transacciones
- Noviembre de 2023: Recibió 8.9 millones de pesos de GH Servicios Empresariales.
- Diciembre de 2023: Recibió 11.5 millones de pesos de Operadora Turística Rabatte.
- 2024: Recibió 2.8 millones de pesos de GH Servicios Empresariales, poco antes de que el SAT suspendiera el sello digital de la empresa por irregularidades.
- También recibió 18.8 millones de pesos de la empresa Capital Cargo del Golfo, la cual también fue beneficiada con contratos por adjudicación directa durante su gubernatura.
Discrepancia en las Declaraciones
El senador habría reportado cifras significativamente menores en sus declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Senado:
- Declaración de 2023: Reportó 7 millones de pesos de ingresos, pero se calcula que percibió al menos 22 millones de pesos ese año.
- Declaración de 2024 (SAT vs. Senado): Declaró 58.1 millones de pesos ante el SAT, pero solo reportó 625,793 pesos ante la contraloría del Senado.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas de México establece sanciones para los servidores públicos que incurran en omisión o falsedad en sus declaraciones patrimoniales, las cuales pueden ir desde amonestaciones hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos, dependiendo de la gravedad de la falta.
