Un juez federal vinculó a proceso al presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente”, por presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado, así como por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones se derivan de hechos relacionados con la violencia política en el municipio y otras conductas ilícitas.
Qué se le imputa
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Rivera Navarro habría participado en el secuestro del entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García, y de su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021. Las víctimas fueron presuntamente privadas de la libertad, golpeadas y torturadas para forzarlas a renunciar a sus aspiraciones políticas.
El juez de control Mario Elizondo Martínez calificó los hechos como delincuencia organizada con fines de secuestro agravado, con el agravante de que los delitos habrían sido cometidos por servidores públicos. Además, parte de las investigaciones señalan presuntos vínculos con el crimen organizado.
Prisión preventiva y proceso
Rivera Navarro fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva oficiosa. Actualmente permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, un penal de máxima seguridad. Junto con el exalcalde, dos de sus colaboradores cercanos también enfrentan proceso penal:
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Juan Manuel “N”: exdirector de Seguridad Pública municipal.
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Juan Gabriel “N”: exdirector de Catastro y Predial del Ayuntamiento.
Ambos quedaron privados de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14, en Chiapas, donde seguirán bajo custodia durante el desarrollo del proceso penal. El juez otorgó a la FGR cuatro meses para realizar la investigación complementaria y aportar más datos de prueba.
Sobre la acusación y contexto
Las acusaciones contra Rivera Navarro y sus colaboradores son de alto impacto, ya que involucran presuntos delitos graves cometidos desde una posición de autoridad municipal. Aunque la vinculación a proceso no implica una sentencia final, significa que los datos de prueba presentados por la FGR fueron considerados suficientes para continuar con el procedimiento judicial.
El caso ha generado atención no solo por las posibles conexiones con grupos del crimen organizado, sino también por el presunto uso de violencia para sabotear la competencia política en el municipio de Tequila.
Importante: La vinculación a proceso es parte de la etapa inicial del procedimiento penal y no representa una declaración de culpabilidad, sino que asegura que la investigación continúe de manera formal bajo supervisión judicial.
