Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Una denuncia ante autoridades fiscales alertó de la importación ilegal de autos, en la que están implicadas empresas de México, Estados Unidos y funcionarios de Aduanas de Baja California y Tamaulipas.
Según el reporte, los grupos implicados usan documentación alterada y falsificación de certificados de origen autos para exportarlos.
Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) señalan que tan sólo en el primer semestre del año han ingresado al país bajo este esquema más de 350 mil vehículos y por cada uno se pagó hasta hasta mil 500 dólares por trámite irregular y un cobro adicional de 53 por ciento de IVA.
Sin embargo, bajo ese este esquema ilegal, el fisco recauda legalmente sólo 6 mil pesos por cada vehículo.
Se estima que el desfalco y la evasión podrían superar los 500 millones de dólares.
Las irregularidades aún no han sido detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabeza Santiago Nieto, ni por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda.
Reforma tuvo acceso a la denuncia que implica como importadores ilegales a gran escala a las empresas “Comercializadora Micro Automotriz de Nuevo Laredo” en Tamaulipas y “Automotores 2017” en Baja California.
En la red participa el consorcio norteamericano “Agami Motors & Forwarding LLC”, que opera en más de cinco aduanas fronterizas.
Según los reportes, las empresas operan en contubernio con las autoridades de la Aduanas para evadir las exigencias del Tratado de Libre Comercio, la Ley Aduanera y el Decreto para la Importación de Vehículos.
Las empresas expiden supuestos certificados para obtener preferencia arancelaria, pero sin respaldo legal, y documentos alterados sobre las armadoras o empresas ensambladoras de vehículos para importar.
En Estados Unidos, Agami Motors & Forwarding LLC, emiten certificados de origen como exportadores de vehículos para ingresarlos a México, pero en realidad esas empresas no se dedica a la fabricación, producción o ensamble de las unidades que comercializa.
Según la denuncia, se violan los artículos 501 y 502 del TLCAN, que exigen que el certificado de origen para la preferencia arancelaria debe contar con un soporte documental.
Otra irregularidad es que las empresas “Comercializadora Micro Automotriz” y “Automotores 2017” pretenden justificar certificados con pedimentos digitalizados de “Nissan North América”, según el expediente.
Además, se exhiben miles de permisos y pedimentos de importación elaborados por el agente aduanal Roberto Ruiz Armas, en la Aduana de Mexicali, a cargo del administrador Alejandro Miramontes Armenta.
En la red de corrupción es señalado José Benito Reyes, funcionario estatal del Gobierno panista de Baja California.
