La Organización Amnistía Internacional llamó al Estado mexicano a aceptar cooperación técnica internacional para enfrentar la crisis de desapariciones, tras la controversia generada por el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
En un posicionamiento público, la organización consideró que la resolución del organismo internacional representa una oportunidad para atender de manera más efectiva esta problemática, luego de que el Gobierno de México descalificara el documento al señalarlo como “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”.
Amnistía Internacional respaldó la decisión del comité de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con carácter urgente, al tiempo que recordó que esta crisis afecta directamente a más de 132 mil familias en el país.
La ONG subrayó que, si bien pueden existir avances institucionales, estos no eximen al Estado de atender las observaciones internacionales, e insistió en que las víctimas y sus familiares deben ser el eje central de cualquier respuesta oficial.
Entre las recomendaciones señaladas, destacó la necesidad de que México adopte mecanismos de cooperación internacional que incluyan apoyo técnico, financiero y especializado en búsqueda, análisis forense e investigación de desapariciones, así como en la indagatoria de posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
Además, planteó la urgencia de establecer mecanismos eficaces para garantizar verdad, justicia y protección a las familias de las víctimas, así como a las organizaciones y personas defensoras que las acompañan.
El posicionamiento de Amnistía se da en respuesta a la postura del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, que rechazó el informe del comité al considerar que se basa en hechos del pasado —principalmente entre 2009 y 2017— y que omite avances recientes en materia institucional.
De acuerdo con el documento del organismo internacional, México concentra 819 acciones urgentes por desaparición forzada entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38 por ciento del total global.
Pese a las diferencias, Amnistía Internacional reiteró que la resolución debe asumirse como una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y mejorar la respuesta del Estado ante una crisis que continúa vigente.
