Corinto tiene el ambiente de una ciudad bulliciosa como cualquier otra: las motocicletas suben y bajan por las calles principales, los residentes deambulan por las aceras y los dueños de las tiendas merodean fuera de sus locales llamando a los clientes.
Pero si uno se detiene en cualquier esquina, hay una presencia más amenazante.
“Ventanas abajo o balas”, se lee en una pared pintada, y está firmado “FARC-EP”, abreviatura de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Es una advertencia a los conductores para que se identifiquen y se repite en muchos muros de Corinto, en el suroeste del departamento colombiano del Cauca.
La guerrilla de las FARC se desmovilizó en 2016, tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno. Puso fin a más de cinco décadas de conflicto civil. Pero casi seis años después, el acuerdo aún no se ha implementado por completo, y aunque la violencia en general ha disminuido desde el pacto, lo que está sucediendo en las zonas rurales de Colombia alarma a los expertos.
Los miembros de las FARC que no aceptaron el acuerdo, los paramilitares de derecha y los nuevos grupos criminales que surgieron desde entonces compiten por el territorio que alguna vez estuvo controlado por el grupo guerrillero, y todos están buscando nuevos reclutas.
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