La justicia española, a través de la Audiencia Nacional, aprobó la extradición a México del sacerdote español Ramón L.E., de 58 años, quien es reclamado por la Fiscalía mexicana bajo la acusación de haber agredido sexualmente a tres niñas en un albergue de Jalisco.
El auto de extradición, dictado en octubre y al que tuvo acceso EFE, detalla que el cura, que actuaba como misionero, presuntamente cometió los abusos mientras acudía a confesar a las menores en el albergue cristiano durante la primavera de 2022.
Detalles de la Denuncia y las Víctimas
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Víctimas y Edad: Las menores denunciantes, dos de ellas hermanas, tenían 13, 12 y 10 años al momento de sufrir los presuntos tocamientos. Una de las niñas declaró que las agresiones comenzaron cuando ella tenía 9 años.
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Modus Operandi: Las víctimas relatan que el cura las conducía a una sala de televisión, donde se encerraba con ellas para “confesarlas” y las agredía sexualmente.
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Contexto: Los hechos ocurrieron en un albergue de Jalisco dedicado al cuidado de niñas en situación vulnerable. Una de las víctimas denunció que una religiosa del albergue la acusó de ser mentirosa cuando finalmente alertó de lo sucedido.
Proceso Judicial y Extradición
El sacerdote, misionero desde 2001, fue detenido el 28 de marzo de 2025 en Zaragoza (su ciudad natal en el noreste de España) gracias a una alerta de Interpol, ya que pesaba sobre él una orden de arresto de un juez mexicano desde julio de 2023.
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Posición de la Defensa: Durante la vista de extradición en la Audiencia Nacional, el párroco no aceptó la extradición y su defensa argumentó que el cura se encontraba en España durante las fechas de las presuntas agresiones, por lo que no pudo cometerlas.
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Decisión Judicial: La Fiscalía y la Audiencia Nacional apoyaron la extradición, señalando que el tribunal español no puede valorar cuestiones de fondo o la veracidad de las pruebas, sino únicamente la procedencia de la entrega.
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Cargos en México: En México, el sacerdote está acusado de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados.
El tribunal español descartó la posibilidad de un juicio por videoconferencia, enfatizando que la totalidad de las pruebas y las víctimas (menores de edad y en “especial vulnerabilidad”) se encuentran en México.
