La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa de reforma electoral que busca investigar posibles vínculos de aspirantes a cargos públicos con el crimen organizado.
La propuesta contempla crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, la cual coordinaría revisiones de antecedentes antes de los procesos electorales.
De acuerdo con el proyecto, los partidos políticos entregarían de manera voluntaria las listas de aspirantes para que sean analizadas por dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las instituciones revisarían si existe un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada y posteriormente informarían al INE y a los partidos políticos, quienes decidirían si mantienen o no la candidatura.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la propuesta surge tras diversos casos de alcaldes y funcionarios relacionados con grupos criminales en estados como Morelos, Jalisco y Estado de México.
Sheinbaum aclaró que la revisión no implica automáticamente que una persona sea culpable, sino que busca detectar focos rojos antes de las elecciones de 2027.
