Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que, entre otras cosas, obliga a las armadoras a vender en el País vehículos que cumplan con los estándares de seguridad internacionales.
Luego que el 24 de marzo pasado la discusión del dictamen fue sorpresivamente interrumpida, el pleno avaló la minuta del Senado que expide el nuevo ordenamiento con 457 votos a favor, cero en contra y una abstención.
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La nueva ley establece la obligación de que los automóviles nuevos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con los estándares de seguridad que establecen las normas mexicanas, pero también las internacionales.
Además, señala que las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independiente del fabricante y de concesionarias.
De acuerdo con la minuta, las autoridades dispondrán que fabricantes, importadores y concesionarios de vehículos nuevos den a conocer, con información de fácil comprensión y con base en normativa en la materia, el desempeño en materia de seguridad de los mismos.
“Los vehículos que se comercialicen en el territorio nacional deberán cumplir con los dispositivos, sistemas y estándares de seguridad que se establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Infraestructura de Calidad, así como a los criterios internacionales en la materia”, plantea.
La nueva ley señala que la movilidad es un derecho y lo define como la posibilidad de trasladarse y disponer de un sistema de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías.
Asimismo, define la seguridad vial como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de éstos.
Además, establece la creación de un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, como un mecanismo de coordinación entre las autoridades federal, estatal y municipal y del sector social para establecer las bases de la planeación, operación, funcionamiento y evaluación de la política en la materia.
El 24 de marzo pasado, la discusión de la minuta fue interrumpida, luego que legisladores acusaron presiones de armadoras y de transportistas.
En este momento, el pleno discute las reservas presentadas por las bancadas de Morena, del PRI, del PVEM y del PRD.
Agencia Reforma
