El ejército de EE. UU. ha ampliado su campaña antidroga al atacar, por primera vez, un barco sospechoso de transportar narcóticos en el Océano Pacífico oriental, cerca de la costa de Colombia, y no en el Caribe.
Este ataque, ocurrido la noche del martes, es el octavo reportado desde que el gobierno de Donald Trump autorizó a las fuerzas de Operaciones Especiales a atacar a presuntos narcotraficantes como si fueran combatientes enemigos, resultando en la muerte de dos o tres personas en la embarcación.
La campaña comenzó enfocándose en Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, fue imputado por narcotráfico en 2020. Sin embargo, los ataques han involucrado cada vez más a Colombia, principal fuente de cocaína para EE. UU.
El gobierno de Trump defiende la legalidad de los ataques, alegando que ocurrieron en aguas internacionales y que los pasajeros son miembros de cárteles de la droga clasificados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado.
No obstante, esta política es cuestionada por especialistas legales que la consideran ilegal, ya que el ejército no debería atacar deliberadamente a civiles o sospechosos de delitos que no estén en hostilidades directas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado a Estados Unidos de asesinato tras reportes de que varios colombianos han muerto en los ataques. En respuesta, Trump ha amenazado con recortar la ayuda exterior a Colombia. Además, un superviviente ecuatoriano de un ataque anterior fue liberado por fiscales de su país al no haber cargos por delitos cometidos en territorio ecuatoriano.
A pesar de que la mayor parte de la cocaína ingresa a EE. UU. por el Pacífico, la retórica inicial de Trump se centró en Venezuela (con costa solo en el Caribe), pero la escalada de ataques está generando una creciente agitación en Colombia y otros países de la región.
