La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy la decisión “del régimen de Daniel Ortega” en Nicaragua de cancelar la personería jurídica de mil 500 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo al menos 700 de índole religiosa.
Esta acción intensifica la represión en Nicaragua, evidenciando el sostenido embate contra el pluralismo y el cierre deliberado del espacio cívico y democrático en el país”, denunció la CIDH en una declaración.
El pasado 19 de agosto, el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, disolvió mil 500 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, entre ellas ONG católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas, sociales y de militares retirados, y ordenó traspasar sus bienes al Estado.
Esa medida, sin precedentes al ser la primera vez que se ilegalizan mil 500 ONG en un solo acto, se dio tres días después de que el Ejecutivo sandinista anunciara una reforma al funcionamiento de las ONG, que tendrán ahora que formar “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país.
“Estas acciones evidencian una vez más la política represiva del Gobierno para erradicar completamente el espacio cívico y democrático en Nicaragua”, señaló la CIDH, que es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Ese organismo explicó que el cierre de espacio cívico es posible en Nicaragua “por la subordinación de todos los poderes al Ejecutivo, documentada ampliamente por la Comisión”.
En el informe ‘Cierre del espacio cívico en Nicaragua’, divulgado en septiembre de 2023, la CIDH concluyó que el cierre masivo de organizaciones ha limitado severamente la capacidad de la sociedad civil para participar activamente en la vida política, social, cultural y religiosa, así como en la promoción y defensa de los derechos humanos y el retorno de la democracia.
Ante estos hechos, la CIDH reiteró las recomendaciones establecidas en el informe citado, entre ellas, adecuar la normativa interna conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y, en particular, teniendo en cuenta la Declaración de Principios interamericanos sobre el régimen legal de creación, funcionamiento, financiamiento y disolución de entidades civiles sin fines de lucro.
Asimismo, hizo un llamado urgente al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente las acciones represivas y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el país.
Además, instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para exigir el respeto a los derechos humanos en Nicaragua y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y religiosas que, pese a las adversidades, continúan luchando por la justicia, la libertad y democracia en su país.
Las autoridades nicaragüenses han disuelto cerca de 5 mil 400 las asociaciones sin fines de lucro tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018 en el país centroamericano.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.
Agencias.
