La Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación informó al Senado que hasta el mes de agosto de este año ha recibido un total de dos mil 376 solicitudes de amnistía, de las cuales 458 fueron procedentes y 98% de ellas estaba sentenciada por la comisión de delitos contra la salud, relacionados con narcóticos.
Desde el 31 de agosto de 2023 al 30 de agosto de 2024 se han determinado 82 procedencias por la Comisión, dando un total de 458 “determinaciones procedentes para obtener el beneficio de amnistía por parte de la Comisión”; pero de ellas, “la autoridad judicial federal ha calificado de legal 393, extinguiendo de esta manera la acción penal y las sanciones impuestas, eliminando el antecedente penal, restituyendo sus derechos políticos y civiles, esto quiere decir que 393 personas a esta fecha se encuentran en libertad por amnistía”, dice el informe.
Detalla que “según el caso, única y exclusivamente por lo que hace al delito y causa penal de que se trata, 38 fueron calificadas de no legal; 15 se encuentran pendientes de calificación; 10 han quedado sin materia debido al cambio de situación jurídica de las personas interesadas y en tres asuntos la autoridad competente consideró que no contaba con los parámetros suficientes para calificar la legalidad o no del beneficio”.
El informe muestra que de las 458 personas beneficiadas por la amnistía, 449 “se encontraban procesadas o sentenciadas por la comisión de delitos contra la salud relacionados con narcóticos”.
También incluye el dato que de las 458 solicitudes de amnistía resueltas en sentido procedente, 153 personas son mujeres y 305 hombres; 43 corresponden a personas indígenas, de las cuales 12 son mujeres y 31 hombres.
Respecto a las nacionalidades de los amnistiados, 422 son mexicanos, 11 ecuatorianos, 10 colombianos, ocho guatemaltecos, dos peruanos, un estadunidense, una hondureña y una salvadoreña.
En cuanto a la condición socioeconómica de los amnistiados, explica que 411 fueron beneficiados, porque estaban en situación de pobreza; 10 por haber cometido el delito por indicación; nueve por contar con una discapacidad permanente; siete por temor fundado; seis por tratarse de personas indígenas que durante su proceso no accedieron plenamente a la jurisdicción del Estado.
Otros cinco estaban en situación de vulnerabilidad, por su condición de exclusión y discriminación; dos por tratarse de personas consumidoras y dos por haber sido obligadas por grupos de la delincuencia organizada.
VARIAS NACIONALIDADES
El informe de la Segob refiere que, de los amnistiados, 422 son mexicanos, 11 ecuatorianos, 10 colombianos, ocho guatemaltecos, dos peruanos, un estadunidense, una hondureña y una salvadoreña.
Fuente Excelsior
