Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia dejó sin resolver si fue constitucional la reducción de salarios en los órganos autónomos, aplicada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.
La Corte cerró su periodo de sesiones sin siquiera haber incluido en la lista para discusión en el pleno las siete controversias promovidas por varios órganos para impugnar la baja salarial y, en algunos de casos, la reducción de su presupuesto total.
Las controversias quedarán sin materia, pues el PEF de 2019 termina su vigencia el 31 de diciembre, y cualquier reclamo contra el PEF de 2020 requerirá de nuevas demandas.
Según fuentes judiciales, los proyectos de sentencia de las controversias fueron entregados por el Ministro Alberto Pérez Dayán a la Secretaría General de Acuerdos de la Corte desde junio pasado.
Las demandas fueron las primeras que la Corte recibió este año y fueron presentadas por las comisiones Nacional de Derechos Humanos y Federal de Competencia Económica; los institutos Federal de Telecomunicaciones, Nacional Electoral y de Estadística y Geografía, y por el Banco de México.
Los órganos autónomos sí lograron suspensiones para que sus altos mandos mantuvieran los salarios de 2018, en sentencias dictadas por las salas de la Corte a lo largo del año que, sin embargo, no tuvieron efectos retroactivos y por tanto no implicaron el reembolso de cantidades perdidas.
Al conceder las suspensiones, siete de diez ministros dieron a entender que veían las reducciones de salario como un ataque a la autonomía constitucional de los órganos.
“La reducción salarial impuesta por la Cámara de Diputados podría ser vista como una medida de presión política hacia órganos técnicos y regulatorios que tienen autonomía constitucional, por lo que conceder la suspensión no afecta el interés de la sociedad”, afirmó la primera sala al otorgar el 10 de julio la suspensión a la Cofece y la CNDH.
