Agencia Reforma

El líder petrolero Carlos Romero Deschamps no podrá ser detenido por tiempo indefinido.

Un juez federal le otorgó la suspensión definitiva al dirigente del sindicato petrolero contra cualquier posible orden de aprehensión en su contra, a nivel federal o del fuero común.

Aurelio Damián Magaña, juez primero de distrito con sede en Naucalpan, le concedió la protección porque el Fiscal Alejandro Gertz Manero y el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya no le quisieron informar si efectivamente existe esa orden de captura.

De acuerdo con el juez, el artículo 142 de la Ley de Amparo le obliga a considerar como presuntamente existente la orden de aprehensión o cualquier acto reclamado, cuando las autoridades no le rinden un informe previo para precisar esa información.

En este caso, indica que tanto el titular de la FGR como los jueces de control de Almoloya fueron debidamente notificados de su requerimiento para rendir esa información y no respondieron.

“Se les tienen por presuntivamente ciertos los actos a éstas reclamados consistentes en: por cuanto hace a la primera: la emisión de la orden de aprehensión y del citatorio girados en contra del quejoso y por la diversa autoridad la ejecución de éstas”, dice el fallo en el amparo 51/2019.

Por el silencio del Fiscal y de dichos jueces, Damián Magaña desvirtuó los informes de la Policía Federal, la Agencia de Investigación Criminal, la Procuraduría capitalina y su Policía de Investigación, las cuales le informaron que no tenían conocimiento de una orden de captura contra el líder petrolero.

El juzgador le impuso a Romero el pago de una garantía de 10 mil pesos para mantener la vigencia de esta protección, mismos que ya fueron pagados, y también aclaró en su fallo que la suspensión no lo protegerá contra una orden de captura por un delito con prisión preventiva oficiosa.

Es decir, si existiera una aprehensión contra el ex senador priista por un ilícito como delincuencia organizada, las autoridades sí podrían privarlo de su libertad.

La FGR puede presentar un recurso de revisión contra esta suspensión, sin embargo, un tribunal colegiado puede tardar meses en determinar si la confirma o revoca.

El miércoles pasado trabajadores petroleros acudieron precisamente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para presentar nuevas pruebas en contra de Deschamps por presunto enriquecimiento ilícito de unos 150 millones de dólares.

Los denunciantes acusan al dirigente haber obtenido dichos beneficios por la venta plazas, cobro de cuotas ilegales, cobro de contratos y el despojo de propiedades del gremio, como 126 tiendas de conveniencia, 26 fábricas para diversos productos y 60 mil hectáreas con ganado fino.