La industria automotriz echó en cara a Morena que pretenda endurecer, con nuevo proyecto legislativo, la ley antilavado de dinero si antes recortó casi un 20 por ciento el presupuesto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y Crédito Público.
Al amparo del Parlamento Abierto que organizó el Senado para revisar el proyecto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos apremió a los legisladores a ensanchar el contenido de la ley para incluir el tema del combate al financiamiento a las armas de destrucción masiva.
Orientado a endurecer la ley contra el lavado de dinero, el proyecto será revisado por el Pleno del Senado en el curso de los próximos tres meses, con el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones el próximo sábado.
“No podemos dejar de lado que la autoridad, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el presupuesto de egresos de la Federación, tuvo una reducción del 19.7 por ciento en su presupuesto”, incidió el abogado Fernando Lascurain, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).
“Y por más que hagamos esfuerzos de adecuar el marco normativo para combatir este flagelo, también hay que fortalecer el esquema presupuestal de apoyo a esta importante unidad”.
Doctorado con una tesis sobre prevención del lavado de dinero en el sector automotriz, Lascurain Farell hizo notar que “es fundamental tener siempre claro que en los eslabones de combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, el primer eslabón es el particular, es el gobernado, y es éste el que debe estar consciente de la obligación ante el Estado para concurrir con la información para efecto de que se presenten los avisos o informes”.
En ese tono, dijo que a la industria automotriz le preocupa mucho el capítulo relacionado con las personas políticamente expuestas, en la lógica de que la forma con la cual se va a llevar a cabo se ve muy difícil que Hacienda y Crédito Público “cumpla con un listado nominal de las personas expuestas”.
Por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Silvia Matus abogó por la inclusión, en el proyecto que será revisado en las próximas semanas, de la normatividad relacionada con la prevención del financiamiento al combate de las armas de destrucción masiva.
La Asociación de Bancos de México (ABM) externó su apoyo al proyecto, pero, por voz de José Luis Stein, reclamó “mayor seguridad jurídica” en el manejo de los fideicomisos.
“La ABM coincide plenamente en la importancia de contar con una legislación robusta en la materia de prevención de lavado de dinero, que nos permita evitar que los recursos provenientes de origen o actos ilícitos se integren al sistema financiero. La ABM considera que la iniciativa es positiva”, planteó.
Con algunos “ajustes puntuales”, observó Stein, la iniciativa podría enriquecerse, particularmente en lo que atañe a la regulación de fideicomisos para que el fiduciario no quede en estado de “indefensión”.
Agencias.
