Agencia Reforma
Un juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México otorgó dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte y uso de cocaína, excluyendo todo acto de comercio.
Los amparos fueron concedidos en mayo pasado a integrantes de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Sin embargo, aclaró la organización, dichos amparos no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado, por lo que MUCD no plantea su masificación o la búsqueda de la jurisprudencia, expuso el colectivo en un comunicado.
“Son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno de drogas por parte del Poder Judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión”, explicó.
La asociación detalló que los amparos fueron interpuestos como parte de una estrategia legal que inició desde 2011, con la que busca terminar con la guerra contra las drogas.
“Las decisiones son relevantes por ser las primeras en su tipo, detonar nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias y reforzar la intensión del Gobierno actual de reformular el combate a las drogas”, expuso MUCD en el comunicado.
La organización agregó que esta estrategia concuerda con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que establece que el enfoque prohibicionista es insostenible, no sólo por la violencia que ha generado, sino por sus malos resultados en materia de salud pública, y plantea la posibilidad de levantar la prohibición de otras drogas, además de la cannabis.
“Llevamos años trabajando por un México más seguro, justo y en paz, y con este caso insistimos en la necesidad de dejar de criminalizar a usuarios de otras drogas que no son la marihuana y diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación”, expresó Lisa Sánchez, directora de MUCD.
Indicó que para la organización, que lideró junto con el CEIS y el colectivo SMART la estrategia de litigio en materia de cannabis que generó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este caso constituye un paso más en la lucha por construir políticas de drogas alternativas que permitan reorientar los esfuerzos de seguridad y atender mejor la salud pública.
