El Presidente colombiano Gustavo Petro fue llamado por la Corte Suprema de Justicia a declarar en el marco de una investigación contra dos congresistas presuntamente involucrados en un escándalo de corrupción en la estatal Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), informó el miércoles el alto tribunal.
El escándalo advierte de irregularidades en la compra de 40 carrotanques con presunto sobrecosto, por un valor de cerca de 12 millones de dólares, que estaban destinados para abastecer al desértico departamento de La Guajira, uno de los más empobrecidos del país.
Petro hará su declaración por “certificación juramentada”, en la que se le formulará un cuestionario con las preguntas del magistrado del tribunal para que las responda por escrito.
La declaración fue solicitada por la Procuraduría y la defensa de los congresistas Iván Name y Andrés Calle -quienes se desempeñaron hasta junio como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente-, investigados por el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres.
Sneyder Pinilla, ex empleado de la UNGRD investigado por la Fiscalía, denunció en medios de comunicación que parte del dinero para la compra de los carrotanques habría ido a parar a las arcas personales del los presidentes del Congreso para que supuestamente favorecieran las reformas sociales que impulsa el gobierno. Name y Calle han negado esa versión.
La Corte Suprema ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado y de la Cámara, agregó el comunicado del tribunal, para obtener información sobre el trámite de las reformas a la salud -que fue archivada por el Congreso- y de la pensional que se convirtió en ley.
El alto tribunal informó la víspera que investiga por el mismo caso de presunta corrupción a otros siete congresistas.
El Gobierno también dio explicaciones el miércoles sobre una nueva arista del escándalo de corrupción, luego de que Noticias Caracol publicara el video de una declaración del ex director de la UNGRD, Olmedo López, en la que sugería que miembros del alto gobierno le ordenaron direccionar algunos contratos para financiar a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, con la que el gobierno mantiene una mesa de diálogo.
“Qué manera tan sucia de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada”, cuestionó Petro desde X, antes Twitter, en referencia al principio de oportunidad al que se acogió López y que le da beneficios jurídicos por develar lo que sabe del caso.
El Mandatario también señaló que cualquier tipo de financiación para el ELN se dará en una fase final de la negociación de paz que implique la “desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública”.
La delegación de paz del gobierno en la mesa de diálogos con el ELN también señaló que todas las actuaciones del proceso de paz se han “ceñido estrictamente el principio de legalidad”.
Agencias.
