Personal judicial respaldado por elementos de seguridad pública municipal, estatal y federal, iniciaron el desalojo de un predio propiedad de trabajadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y del gobierno de la entidad, el cual permanecía invadido desde hace años por alrededor de 240 familias.
Dicho predio se encuentra identificado como La Cuadrilla, de la localidad de Juriquilla, con una extensión de 13 hectáreas, de los cuales 261 lotes son propiedad de docentes y personal administrativo de la UAQ.
De acuerdo con la secretaría de Gobierno estatal, Guadalupe Murguía, dicho desalojo se da en atención al mandato de un juez que reconoció la propiedad del estado y de los universitarios del predio.
“En 1977 el gobierno del estado donó a la UAQ ese predio para resolver un conflicto laboral existente en ese momento”.
Añadió que “estos terrenos fueron invadidos a lo largo de años por organizaciones que usualmente promueven este tipo de acciones”.
Para diciembre de 2018, continuó, maestros y personal académico de la UAQ interpusieron una denuncia por despojo lo que dio lugar a la detención de uno de los promotores del asentamiento irregular, su vinculación a proceso y posterior sentencia condenatoria.
Mientras que un juez federal dio la resolución de restituir el predio a sus legítimos propietarios, con lo que se abrió canal de diálogo y atención con las familias sentadas, de las cuales 120 se desocuparon voluntariamente y este miércoles se consumó el desalojo del resto de paracaidistas.
La secretaria de Gobierno de la entidad afirmó que los paracaidistas tendrán la posibilidad de acceder a terrenos con facilidad de servicios, a precios y plazos socialmente adecuados a su condición económica y que serán facilitados por el Instituto de la Vivienda del estado de Querétaro.
“Aplicamos la ley, pero somos sensibles a las demandas sociales”.
En cuanto al predio desalojado, comprometió que el gobierno estatal iniciará su urbanización progresiva y dotación de servicios en beneficio de sus legítimos dueños.
Murguía informó que en los terrenos que son propiedad estatal se les dará un aprovechamiento social con la instalación de una estación policía municipal, “espacio de convivencia y atención para los abuelitos, instalación de núcleo de arte e innovación, áreas verdes y parques”.
“Protegemos el interés público, ningún interés por encima de él”.
En el operativo participó personal policial estatal y municipal, así como de la Guardia Nacional y diversas instancias estatales y municipales, además de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad.
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