MÉXICO.- La Secretaría de Economía, además de revisar la situación en la que se encuentran las 25 mil concesiones mineras que hay en el país, debe realizar consultas a las comunidades involucradas y “blindar” estas inversiones, señaló Francisco Quiroga, subsecretario del ramo de dicha dependencia.
En entrevista, advirtió que el objetivo no es cancelar las concesiones sino regularizar su situación, ya que muchas de ellas no pagaban los derechos correspondientes.
“Las empresas tienen la obligación de trabajar las concesiones y pagar los derechos que le corresponden, existe un entendimiento, en la práctica de no pagar eso, de tal forma que el Gobierno da facilidades. Hay que cambiar.
“Nuestro énfasis es que las concesiones no estén ociosas, que cumplan su función, si tú no lo vas a trabajar, libéralo para que alguien más la pueda trabajar”, afirmó.
El sector industrial, agregó, ha mostrado su preocupación al interpretar que la política de la subsecretaría se dirige hacia la cancelación de las concesiones, sin embargo, el propósito del Gobierno es regularizarlas.
Quiroga detalló que las mineras deben presentar reportes de obra cada trimestre, de tal forma que aquellas que no presenten informes de los primeros tres meses del 2019 recibirán un apremio.
A las que no paguen derechos, se les cobrará recargos y si no los liquidan, entrarán a un proceso para cancelación y posterior liberación.
Por otro lado, afirmó que para dar certidumbre a los proyectos mineros, será necesario realizar consultas a las comunidades involucradas y “blindar socialmente” estas inversiones.
Señaló que se debe modificar la Ley Minera para incorporar la obligación que tiene el Estado de hacer una consulta previa sobre el desarrollo de proyectos, no sólo a las comunidades indígenas sino a las agrarias.
“Sí tenemos que cambiar la ley, tenemos que incorporar obligaciones que ya tiene el Estado mexicano, específicamente el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la consulta previa libre e informada con respecto a cualquier decisión que pudiera afectar los derechos indígenas en México”, expresó.
Quiroga opinó que es importante involucrar a las comunidades en estos proyectos, ya sea bajo la figura de copropietarios o a través de la proveeduría.
El funcionario también explicó que los recursos del Fondo Minero, que eran administrados por la Sedatu, ahora pasarán a la Secretaría de Economía y se emplearán en obras para las comunidades en las cuales se encuentren operando las minas.
Con información de: Reforma