La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a una decena de funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico y tráfico de armas.
De acuerdo con el comunicado emitido el 29 de abril de 2026, los señalados habrían conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
Además del mandatario estatal, entre los acusados figuran funcionarios y presuntos operadores identificados como Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, quien llevará el proceso judicial en territorio estadounidense.
El fiscal federal Jay Clayton señaló que estas acusaciones evidencian la relación entre organizaciones criminales y funcionarios públicos, lo que —dijo— permite la operación de redes de tráfico de drogas.
Por su parte, el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el grupo criminal señalado ha utilizado la corrupción para fortalecer sus operaciones y facilitar el ingreso de sustancias ilícitas.
En cuanto a las posibles sanciones, Rubén Rocha Moya enfrenta cargos por conspiración para la importación de narcóticos, así como por posesión de armas de uso exclusivo y explosivos. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.
Las autoridades estadounidenses subrayaron que se trata de acusaciones formales y que los implicados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
