La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas registradas entre mayo y junio de este año.
De acuerdo con la acusación, Morales habría tenido participación en los bloqueos de carreteras impulsados por grupos afines a su movimiento para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, movilizaciones que provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas regiones del país.
Las autoridades bolivianas también le atribuyen delitos como atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos.
Las manifestaciones se prolongaron durante siete semanas y, según cifras oficiales, dejaron al menos 16 personas fallecidas, además de pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares.
Tras conocerse la orden de captura, Evo Morales rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una persecución política para desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta Bolivia.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, expresó el exmandatario mediante un mensaje difundido en redes sociales.
La investigación también incluye a otros dirigentes sindicales y campesinos señalados por su presunta participación en los bloqueos, mientras las autoridades continúan con las diligencias para ejecutar la orden de captura contra el exgobernante boliviano.
