Washington, D.C. El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), está evaluando imponer aranceles de hasta el 100 por ciento a Nicaragua y considerar su expulsión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
Esta posible acción se debe a la determinación de la USTR de que el país centroamericano, gobernado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantiene políticas “irrazonables” en materia de derechos humanos y laborales que obstaculizan el comercio estadounidense.
Los Hallazgos de la USTR
En un informe publicado este lunes 21 de octubre de 2025, la USTR concluyó que:
“Las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DDHH y las libertades fundamentales, así como el Estado de Derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense”.
Las investigaciones, iniciadas el 10 de diciembre de 2024 bajo la Administración del demócrata Joe Biden, detallan que el “régimen de Ortega-Murillo ha cometido o permitido una serie de abusos de los derechos laborales internacionalmente reconocidos“, así como abusos de los derechos humanos y libertades fundamentales, incluso contra personas y bienes estadounidenses.
Medidas Propuestas
La USTR ha propuesto dos medidas principales contra Managua:
- Aranceles: Imponer “aranceles adicionales de hasta el 100 por ciento sobre algunos o todos los productos nicaragüenses”, de forma inmediata o por fases.
- CAFTA: Considerar la “suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio” (DR-CAFTA).
El DR-CAFTA, en vigor desde 2006, ha sido vital para Nicaragua, ya que sus exportaciones a Estados Unidos casi se han cuadriplicado desde entonces.
La entidad comercial estadounidense aceptará comentarios públicos sobre las medidas hasta el 19 de noviembre próximo, fecha tras la cual tomará una decisión final. La posibilidad de expulsar a Nicaragua del acuerdo ya había sido adelantada en febrero pasado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
