La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas irregularidades en contratos de material electoral. El caso también ha generado señalamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo.
Entre las firmas investigadas están Corporativo Zeg, Cajas Graf, TOL Producciones, Formas Finas y Materiales, Seriplast, Diseño Reconstrucción y Comunicación, y Grupo Selati. Las indagatorias apuntan a posibles operaciones simuladas, triangulación de recursos y competencia ficticia.
De acuerdo con reportes periodísticos, las empresas obtuvieron, entre otros contratos, uno por 197 millones de pesos relacionado con la elección judicial. La investigación abarca operaciones desde 2023 y habría derivado en el bloqueo de al menos 70 cuentas bancarias vinculadas con sus propietarios.
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Sheinbaum pide investigar contratos del INE
Los cuestionamientos también involucran los presuntos vínculos entre los dueños de las compañías, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, y funcionarios o excolaboradores cercanos a Taddei.
Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE transparentar los contratos y planteó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise el caso para verificar el manejo de los recursos públicos.
Taddei rechazó las acusaciones de favoritismo y aseguró que la presidencia del INE no tiene empresas preferidas. Argumentó que los proveedores señalados trabajan con el instituto desde 2019 bajo procedimientos institucionales.
