Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó sus primeras tres demandas bajo la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNDE), un año después de que esta norma entró en vigor.
El lunes, la FGR pidió a una jueza federal la extinción de dominio en favor del Estado de recursos asegurados en mayo de 2018 a un grupo criminal que “prestaba” dinero a narcotraficantes, integrado por seis ciudadanos chinos y seis mexicanos, por un monto no divulgado.
El dinero fue asegurado el 27 de mayo de 2018 en las torres Reinor y Monarca, en la colonia Ampliación Granada, y desde noviembre de ese año quedó a disposición del ahora Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que no lo puede usar libremente.
El mismo día, la FGR presentó otra demanda para la extinción de dominio de un inmueble integrado por seis lotes asegurado en marzo de 2017 en Culiacán cuya ubicación fue censurada en el acuerdo del juzgado.
Y el 18 de agosto la Fiscalía reclamó un inmueble en el municipio de Hopelchen, Campeche, asegurado a un narcomenudista de la región.
Se trata del domicilio en el 93 de la Calle 11, colonia Campo de Aviación, que dejará poco dinero cuando sea rematado. El demandado es Jorge Cahuich Yah, que fue detenido en 2014 con su esposa en posesión de diez kilos de mariguana. Conocido como El Zorro, Cahuich ya tenía una condena previa de cárcel por narcomenudeo.
La Jueza Tercera de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región Especializada en Extinción de Dominio, Olga Treviño Berrones, ya admitió las demandas por los 9.3 millones de dólares y el inmueble de Holpechen, pero pidió a la FGR aclaraciones sobre el de Culiacán.
Los demandados tienen derecho a defender el origen legal de los bienes, pero tendrían que litigar desde la cárcel.
En 2019 la FGR sólo presentó tres demandas de extinción, la última el 13 de agosto, para reclamar dos inmuebles en Mérida, pero ese caso todavía se tramitó bajo reglas de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que estuvo vigente de 2009 a 2019.
La nueva ley permite al Gobierno vender bienes incluso antes de que el juez dicte la sentencia declarando la extinción, que es un juicio civil independiente de los procesos penales, y la FGR y las fiscalías estatales la pueden aplicar sobre hechos que tuvieron lugar antes de su vigencia, como sucede en las tres nuevas demandas.
El destino de los bienes extintos es decidido por el llamado Gabinete Social de la Presidencia, que encabeza el propio Jefe del Ejecutivo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió en septiembre de 2019 a la Suprema Corte de Justicia invalidar veinte apartados de la LNDE, incluida la venta anticipada, pero ese juicio está pendiente y no suspendió la vigencia de la norma.
Ciudadanos y empresas han promovido alrededor de dos mil amparos para impugnar la ley, pero la jueza Treviño los ha desechado, pues considera que la LNDE no se puede cuestionar por su sola entrada en vigor, sino que es necesario un acto de aplicación en perjuicio del quejoso.
