Por: Redacción.
La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que se han documentado 580 mil agresiones, las autoridades judiciales han emitido casi 70 mil órdenes para proteger a las víctimas, sin embargo, solo 197 mil han sido atendidas con atención legal, apoyo psicológico o trabajo social.
Por ello, la Segob busca fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), mediante la actualización permanente para el diseño de políticas públicas desde los gobiernos federal, estatal y municipal, pues más que una obligación legal de los gobernantes, es un compromiso con una sociedad que exige un alto definitivo a la violencia feminicida.
Según el Banavim, existen más de 565 mil expedientes únicos de mujeres violentadas; la edad promedio de las mujeres víctimas de violencia es de 33 años y el 93% de las agresiones se dan en el ámbito familiar más que comunitario, laboral o institucional, no importa su nivel de escolaridad.
“La actualización del Banavim consiste en un registro diario de agresiones por parte de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, lo que permite conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia, así como el de las personas agresora”.
Además, casi la mitad (48%) de las víctimas son mujeres casadas y la violencia psicológica es mayor que la física, la cual se materializa principalmente en golpes en la cara, cabeza, espalda y cuello; el agente de la lesión son los golpes, puntapiés, armas contundentes, punzocortantes de fuego y quemaduras, lo que evidentemente genera angustia, tristeza, depresión, trastornos del sueño o intento suicida.
“La situación por la que atraviesan las víctimas, da muestra que las estadísticas sirven para entender el problema, los patrones, comportamientos de las personas agresoras; pero la erradicación de la violencia contra las mujeres atraviesa por el compromiso y la voluntad de todas las autoridades, para recuperar espacios públicos, aumentar patrullajes, colocar botones de pánico, brindar atención inmediata a las llamadas de auxilio que se hacen a las instituciones para recibir apoyo ya sea legal, médico, psicológica o de refugio”.
