Las Comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables declararon procedente la iniciativa promovida por el Diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, que reforma el artículo 1269 del Código Civil del Estado.
Esta modificación busca garantizar el acceso equitativo a la justicia e inclusión de las personas con discapacidad auditiva, al reconocer expresamente la Lengua de Señas Mexicana como un medio válido para la manifestación de la voluntad en actos jurídicos.
Asimismo, la iniciativa propone que el consentimiento pueda expresarse mediante medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, homologando así la legislación estatal con el Código Civil Federal.
En Tamaulipas, más de 74 mil personas enfrentan una limitación auditiva y más de 33 mil tienen discapacidad auditiva, de acuerdo con cifras del INEGI y del Gobierno de México.
La Diputada Elvia Eguía Castillo destacó que esta acción legislativa responde a estándares internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica, fortaleciendo el compromiso con la armonización en materia de derechos civiles y políticos.
“Con esta reforma, se establecerá claridad en la regulación para evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar que todas las personas puedan ejercer su voluntad de manera libre y efectiva en procedimientos administrativos, jurídicos y contractuales”, subrayó la legisladora.
Durante el análisis en comisiones, representantes de distintos grupos vulnerables participaron de manera virtual y expresaron su respaldo a la iniciativa. Entre ellos, la maestra Fanny Eréndira Ramírez Barraza, directora de la USAER y miembro de la Coordinación del Movimiento Estatal de Personas con Discapacidad de Aldama, Tamaulipas, enfatizó la importancia de esta reforma.
“El acceso a la comunicación es un derecho fundamental, y la falta de reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana en la legislación civil genera barreras injustas para millas de tamaulipecos con discapacidad auditiva”, afirmó Ramírez Barraza.
La reforma fue aprobada por unanimidad y turnada al Pleno Legislativo para su aprobación final.
