CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría del Trabajo que investigue y en su caso sancione presuntas irregularidades cometidas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que encontró inconsistencias por 66.7 millones de pesos.
Al presentar ayer los resultados de la Cuenta Pública 2019, la ASF indicó que durante ese año se le pagó a jóvenes que ya habían fallecido y se encontró que varios centros de trabajo eran inexistentes.
“Se identificaron 68 beneficiarios del Programa, por el importe total de 482.4 mil pesos, que durante el ejercicio 2019 recibieron pagos de la beca en sus cuentas bancarias posteriores a su fecha de fallecimiento”, indicó.
La Auditoría también señaló que se pagó a 3 mil 371 jóvenes -188 indígenas- que se encontraban estudiando, cuando el objetivo del programa es capacitar a jóvenes que no estudian ni trabajan.
En el caso de los centros de trabajo, en donde los jóvenes deben ser capacitados, la ASF encontró que algunos de ellos no existían, que se utilizaron datos de empresas que no se inscribieron en el programa o que los supuestos talleres no tenían el equipo necesario para la actividad que declararon desarrollar.
“De la visita que se realizó al inmueble señalado en el expediente digital, proporcionado por la STPS, para impartir las capacitaciones del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se identificó que cuenta con inmuebles de casa habitación” indicó la ASF sobre Construcciones y Servicios Lukman, que tenía inscritos a 129 beneficiarios.
“(En otros casos) los domicilios designados para la impartición de la capacitación a los beneficiarios del Programa se encontraron abandonados; y de los Centros de Trabajo localizados por el grupo auditor, no presentaron la documentación justificativa y comprobatoria que soporte la capacitación impartida”, indicó.
En 2019, detalló la ASF, la Secretaría del Trabajo reportó un padrón de un millón 120 mil 543 beneficiarios y 195 mil 454 centros de trabajo.
La ASF indicó que existen una falta de mecanismos y procedimientos para la validación y constatación de la documentación de las empresas que se incorporan como centros de trabajo.
