Las autoridades educativas violaron reiteradamente la ley en el proceso para los nuevos libros de texto, que ya estaban impresos meses antes de que existieran los programas de estudio respectivos, explicó la jueza federal Yadira Medina Alcántara.
Los libros de texto exhibidos por las autoridades ante la jueza fueron impresos en enero (primer grado), febrero (segundo grado), abril (tercer grado), abril y mayo (cuarto grado), junio (quinto grado y multigrado) y julio (sexto grado) de 2023, mientras que los programas de estudio para cada grado fueron publicados por la Secretaria de Educación Pública (SEP) hasta el 15 de agosto, a menos de dos semanas del inicio del ciclo.
Medina publicó hoy la sentencia en la que concedió el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), un documento de 177 páginas que detalla violaciones a la Ley General de Educación y otras normas.
“El procedimiento utilizado por las autoridades carece de relevancia jurídica, ya que primero se imprimieron los libros y posteriormente se aprobaron, y después se aprobó y ordenó la publicación de dichos programas de estudio cuando esto último debe realizarse primero, porque aquellos (libros de texto) se deben ajustar a los programas de estudio y no a la inversa”, explica.
Pese a que el Plan de Estudios La Nueva Escuela Mexicana fue publicado en agosto de 2022, la jueza criticó a la SEP por esperar hasta el 15 de agosto de 2023 para publicar los programas de estudio.
“Este punto es de relevancia mayúscula porque la previsión de que dichos materiales estén a disposición en el momento del inicio escolar, no significa que todo se elabore y apruebe con días antes de aquella fecha, porque ello presupone que se siga el procedimiento respectivo en los términos ya indicados, de modo que garantice la participación de todos los actores públicos y sociales, tales como las autoridades federal y de las entidades federativas, así como de las personas progenitoras o tutoras, y de las organizaciones sociales y demás especialistas en materia educativa”, destacó.
“Así, la prosecución lógica de dicho procedimiento prevé que se propongan programas por autoridades locales, los cuales integrarán los programas provisionales que, precisamente, se pondrán a discusión pública (incluso como lo realizaron las autoridades responsables), para después, aprobados los programas definitivos, se elaboran, editen e impriman los libros de texto, y así se pongan a disposición de la sociedad”, detalló.
La jueza también advirtió que el Plan de Estudios, que es la base del proyecto que se refleja en los libros, es de dudosa constitucionalidad, pues otro juez federal, Francisco Javier Rebolledo, concedió el 16 de junio un amparo en el que impuso condiciones para su aplicación general en el ciclo 2023-2024, sentencia que aún está en revisión.
“Las autoridades exhibieron ante este órgano judicial diversos ejemplares de libros de texto gratuito de primero a sexto año, y pusieron a disposición electrónica en la página oficial de la SEP el referido catálogo, pero sin que estuviera vigente el plan (porque su Constitucionalidad está subjúdice) y los programas (no se aprobaron conforme al procedimiento constitucional y legal respectivo, ni se publicaron previamente a la elaboración de los libros en el Diario Oficial y los periódicos oficiales de cada entidad federativa), lo que significa que, incluso al día de la celebración de la audiencia constitucional y del inminente inicio del ciclo escolar, no probaron que capacitaron a los docentes de todo el País para que conocieran dicho plan y que integraron dichos planes conforme a las formalidades respectivas”, afirma el fallo.
“Este juzgado concluye que las autoridades responsables no ajustaron su actuar a las disposiciones normativas en materia de educación, ni siguieron el procedimiento previsto en dichas normatividades, vulnerando el derecho a la educación e interés superior de la niñez, pues no se tiene certeza de que el ciclo escolar 2023-2024 se ajustará al plan de estudios denominado La Nueva Escuela Mexicana, autorizado por la SEP, ni que los libros de texto gratuito que serán utilizados para la docencia se ajusten a los planes y programas de estudio vigentes”, remata.
La sentencia de Medina no obliga por ahora a la SEP, que solo tendrá que cumplir el amparo si es confirmado por un tribunal colegiado, lo que tomará varios meses. Una suspensión concedida en mayo por la jueza sí era obligatoria de inmediato, pero no ha sido acatada en sus términos.
Agencias.
