Una mayoría de la Suprema Corte al parecer se está inclinando este lunes a ratificar una serie de ordenanzas locales que permiten a una pequeña ciudad de Oregon a prohibir que las personas que no tienen hogar que duerman o acampen en espacios públicos.
Los jueces están divididos en las líneas ideológicas del caso, que tiene importantes implicaciones en la manera en que el país enfrenta la creciente crisis de personas que no tienen en dónde vivir.
En una larga, y en ocasiones feroz argumentación que duró casi dos y media horas, los cuestionamientos de los jueces reflejaron la complejidad del debate de las personas sin hogar.
Sopesaron el estatus de pobreza y los derechos civiles de esas personas contra la habilidad de las ciudades de limpiar espacios públicos como parques y banquetas para solucionar la preocupación acerca de la salud y seguridad.
Lucharon con las líneas que podrían trazarse para regular a las personas sin hogar — y crucialmente, quién debería redactar esas reglas.
La mayoría conservadora pareció simpatizar con los argumentos presentados por la ciudad de Grants Pass, Oregon, respecto a que las personas que no tienen en dónde vivir es un tema complicado que es mejor que sea manejado por los legisladores y comunidades locales y no por los jueces.
Los jueces liberales, se resistieron enfáticamente ante esa idea.
El presidente magistrado John G. Roberts Jr tranquilamente se dirigió al punto central que pareció resonar entre el ala conservadora: “¿Por qué creen ustedes que estas nueve personas son los mejores para juzgar y sopesar esas cuestiones políticas?”.
En un apasionado cuestionamiento, los jueces liberales rechazaron contundentemente el argumento de la ciudad de que las personas sin hogar no era un estatus protegido de la prohibición de un castigo cruel e inusual de la Octava Enmienda.
El problema de qué tan lejos pueden ir los gobiernos locales para regular a las personas sin hogar han dado lugar a alianzas inusuales en todo el espectro político, ya que algunos líderes o ciudades y estados de izquierda se han unido a grupos conservadores para urgirles a los jueces que aclaren el alcance de su autoridad legal para limpiar los campamentos que han proliferado en todo el oeste del país en los últimos años.
Agencia.
