Luego de 3 años en una prisión de Iguala, Guerrero, la indígena nahua Aurelia García Cruceño recuperó su libertad. La mujer, fue víctima de violación y terminó embarazada; quedó tras las rejas injustamente tras sufrir un aborto involuntario y ser acusada por el delito de homicidio en razón de parentesco.
En mayo de 2019, cuando Aurelia tenía 19 años de edad, el comisariado ejidal de su pueblo, quien sigue en libertad, la agredió sexualmente en diversas ocasiones.
Debido a los prejuicios que hay en su pueblo con las personas que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio, se mudó a Iguala, en donde vivía con una tía y trabajaba para solventar sus gastos.
El 2 de octubre, Aurelia estaba sola en su casa cuando empezó a sentir dolores muy fuertes en el estómago y tuvo sangrado vaginal, lo que le ocasionó la expulsión del feto. Fue hasta ese momento que ella supo de su embarazo.
Cuando su tía regresó y vio la cantidad de sangre que su sobrina había perdido, llamó a una ambulancia. Días después fue detenida y esposada en la misma cama de hospital en la que se encontraba, siendo llevada al Centro de Reinserción Social de Iguala pese a que todavía no había sido dada de alta.
Fue obligada a declararse culpable, el 8 de julio del 2021, una jueza dictó una sentencia condenatoria a Aurelia de 13 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) tomaron el caso y lograron que la justicia federal otorgara un amparo y que la Magistrada del Poder Judicial de Guerrero, Indalecia León, aceptara la reposición del procedimiento el 17 de enero del 2022.
El IMDHD estableció que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial estatal incurrieron en prácticas discriminatorias contra Aurelia durante todo el proceso, en razón de su condición de pobreza y origen indígena.
“En un estado (Guerrero) en donde las autoridades hablan de convertirlo en una ínsula, en un espacio sagrado para los derechos de las niñas y las mujeres, hoy estamos viendo que de esa ínsula que nos han hablado no existe”, dijo la activista feminista María Luisa Garfias Marín.
Tras una audiencia que duró más de dos horas, la jueza Mariela Alfaro Zapata absolvió a García Cruceño, quien ahora podrá cumplir su sueño de ser maestra para enseñarle a leer a los niños de su pueblo de Xochicalco, del municipio de Chilapa.
Agencia.
