“A propuesta del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también ayudando en la investigación para que, si resultan responsables los miembros del Ejército, sean castigados”, dijo en su rueda de prensa diaria.
Según el relato de diversas organizaciones no gubernamentales, cinco jóvenes murieron el pasado domingo en la norteña ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, presuntamente a manos del Ejército, cuando volvían a su casa en una camioneta tras pasar la noche en una discoteca.
El pasado martes, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que detalló que los elementos del Ejército realizaban un operativo cuando escucharon detonaciones de armas de fuego y decidieron acudir al lugar de los hechos.
“Visualizaron un vehículo tipo pick-up con siete individuos a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”, narró la Sedena.
Entonces, “el personal militar accionó sus armas de fuego”, lo que provocó la muerte de cinco jóvenes, un herido, que fue puesto a disposición de servicios médicos, y uno más ileso. Tanto la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Justicia Militar y la CNDH han iniciado sendas investigaciones para esclarecer el suceso y la responsabilidad del Ejército.
“Lo mejor es dejar las cosas en claro. Pensemos lo que lamentablemente sucedió en Iguala, con los jóvenes de Ayotzinapa, ¿para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables”, expuso López Obrador.
El abatimiento de estos jóvenes ocurre en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública.
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