De forma unánime, el concejo municipal aprobó la ordenanza mediante la cual prohíbe la colaboración de la Policía local con las autoridades federales migratorias, y tras haber avanzado un borrador un año atrás.
La medida se convirtió en los últimos días en un reclamo urgente de las organizaciones civiles, tras el triunfo del republicano en las elecciones generales del pasado 5 de noviembre, quien durante la campaña prometió llevar a cabo la deportación de indocumentados más grande hecha en la historia del país.
El pasado lunes, Trump confirmó el plan de declarar una emergencia nacional a raíz de la crisis en la frontera con México para así disponer de efectivos militares para llevar a cabo sus anunciadas deportaciones.
Desde las escaleras de la alcaldía de la ciudad, decenas de activistas e indocumentados instaron al Concejo de Los Ángeles que culmine el trámite de la medida, que también niega a las agencias federales de migración el acceso a las bases de datos de la ciudad.
“Deberíamos poder llamar a la Policía o a los bomberos sin sentir miedo”, dijo en una conferencia de prensa Zeneida Meneses, una migrante nicaragüense que trabaja en limpieza. “El Gobierno federal no puede estar metido entre nuestra comunidad”, agregó.
La semana pasada, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, había urgido a los concejales que aprueben la ordenanza, “especialmente ante las crecientes amenazas a las comunidades de migrantes” locales.
En 2017, el gobierno del entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, había emitido una orden ejecutiva que limitaba la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés), pero hasta la ordenanza aprobada ayer no existía una norma que estableciera de manera permanente esas prohibiciones.
Trump ha nombrado a Tom Homan, con décadas de experiencia en el cumplimiento de las leyes de migración, como “zar de la frontera” y responsable de implementar las deportaciones masivas.
Homan ha criticado en el pasado a las denominadas ‘ciudades santuario‘ y en especial a California por aprobar la Ley Santuario de Inmigrantes de California (SB54), que prohíbe a las agencias del orden, estatales y locales, investigar, interrogar o detener y detectar a personas para cumplir con las leyes de inmigración.
En su primer Gobierno (2017-2021), el republicano restringió la entrega de fondos federales en materia de seguridad a aquellos estados que promovieran las ‘ciudades santuario’, entre ellos California, que demandó a la Administración federal y ganó la querella.
Con información de EFE
