La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión del gobierno de México de imponer un nuevo paquete arancelario a países con los que no se tienen acuerdos comerciales, asegurando que el objetivo primordial es fortalecer el empleo y el desarrollo industrial del país.
Sheinbaum afirmó que esta medida estaba contemplada dentro del Plan México y no representa una acción repentina o dirigida contra una sola nación.
“No queremos enemistad con ningún país, sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales o industriales en nuestro país… para fortalecer el empleo y el desarrollo de México,” aseguró la mandataria.
Países Afectados y Diálogo Abierto
La presidenta informó que, a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la SRE, se mantienen pláticas con los países que no tienen tratados comerciales con México y que se ven afectados por la imposición de aranceles de hasta 35% en sectores como el automotriz, textil, calzado, plástico y electrodomésticos.
Los países mencionados en estas pláticas son:
-
China
-
Corea del Sur
-
Rusia
-
India
-
Indonesia
-
Brasil
-
Tailandia
-
Ucrania
-
Turquía
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, ya solicitó al Gobierno de México que frene la imposición de estos aranceles, argumentando que van contra la globalización económica.
Economía: Sin Impacto en Inflación, Sí en Empleo
Tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, descartaron que el paquete arancelario cause un aumento significativo en la inflación.
-
Sheinbaum: “No va haber inflación, ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos.”
-
Ebrard: Hizo un cálculo donde estimó que el impacto en el costo total podría ser de solo $0.2\%$, a cambio de proteger a las industrias nacionales.
Ebrard subrayó la urgencia de la medida, señalando que de no implementarse los aranceles, se podrían perder 350 mil empleos concentrados en 10 estados con alta actividad industrial, como Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Jalisco.
Con la aprobación de este paquete, el gobierno busca obtener más de 30 mil millones de pesos anuales.
