El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que advierte que la desaparición forzada en el país podría alcanzar niveles de crimen de lesa humanidad.
En un posicionamiento oficial, la Cancillería calificó el documento como “tendencioso” y “sesgado”, al señalar que no toma en cuenta la información actualizada ni los avances institucionales presentados por el Estado mexicano.
El gobierno sostuvo que las conclusiones del comité no corresponden a la realidad actual del país, ya que el mecanismo internacional está diseñado para contextos donde existe una práctica sistemática por parte del Estado, lo cual —aseguró— no ocurre en México.
Asimismo, indicó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por lo que consideró que su evaluación es parcial.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, enfatizó la SRE, al tiempo que defendió las reformas legales y acciones emprendidas en los últimos años para atender este problema.
Entre los avances mencionados destacan la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la consolidación de bases de datos e instrumentos forenses.
Además, el gobierno acusó falta de rigor jurídico en el informe y señaló posibles conflictos de interés entre algunos integrantes del comité.
Pese al rechazo, México reiteró su disposición a mantener cooperación internacional en la materia, aunque subrayó que no aceptará evaluaciones basadas en “premisas que no reflejan su realidad actual”.
