México y Estados Unidos atraviesan por un nuevo conflicto bilateral en materia de migración tras la instalación de más de 300 metros de boyas flotantes en el Río Bravo, por parte del Gobierno de Texas.
El 7 de julio, el Gobernador de ese estado, Greg Abbott, anunció la colocación del “muro acuático flotante”, con la finalidad de evitar los cruces irregulares de personas hacia Estados Unidos.
Sin embargo, al tratarse de una medida unilateral, el republicano ahora enfrenta las acciones legales y políticas de los gobiernos de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador.
El 14 de julio, la Cancillería mexicana envió una primera nota diplomática, acusando la violación de tratados de aguas, firmados por ambas naciones.
Diez días después, la Administración Biden presentó una demanda ante una Corte Federal para exigir al Gobierno de Texas remover la barrera de boyas, por considerar que viola la Ley federal y que pone en riesgo la política exterior con México.
En una denuncia, ante la Corte Federal del Distrito Oeste deTexas, se aseguró que el dispositivo viola la Ley de Ríos y Puertos de 1899 y que representa, además, una amenaza a la navegación, a la seguridad pública y también de corte humanitario.
Esta semana, el Gobierno mexicano envió una segunda nota diplomática tras concluir una inspección en la zona, en la que se determinó que el 75 por ciento de las boyas flotan del lado del territorio mexicano.
Un recorrido por la zona fronteriza dejó al descubierto que, además del muro flotante, fue instalada una malla con púas, varios contenedores y diversos terraplenes que desvían el cauce izquierdo del Río Bravo.
La Cancillería y la embajada de México en Washington han sostenido que la barrera antiinmigrante es violatoria de los derechos humanos y de los tratados de aguas de 1944 y 1970.
En días recientes, a la denuncia del Departamento de Justicia norteamericano, se sumó un documento de la Oficina de Aduanas y Protección de Estados Unidos, en el que se advierte sobre afectaciones a los operativos de la Patrulla Fronteriza.
El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo que el “muro flotante” es ilegal y es usado políticamente por el Gobierno de Texas.
“Desde el punto de vista de los Estados Unidos, lo que hizo el Gobernador de Texas es ilegal, pero también es algo que están haciendo de manera de hacer el fenómeno de migración un fenómeno de política y no un fenómeno comunitario, económico”, sostuvo el diplomático, quien ha reconocido que la barrera es ofensiva para México.
Del otro lado, el Gobernador de Texas ha defendido el derecho a la instalación y permanencia de las boyas sobre el cauce del río.
En sus argumentos advierte que la medida es necesaria ante lo que considera un fracaso de la política de seguridad fronteriza del Gobierno de Biden.
De acuerdo con medios de comunicación norteamericanos, existen reportes de que algunos migrantes han quedado atrapados en las estructuras, por lo que han tenido que ser rescatados.
Además, se investigan supuestas instrucciones a agentes estatales para arrojar a los niños al río y negar el agua a los migrantes que crucen por esa zona para solicitar asilo.
Agencias.
