Agencia Reforma
WASHINGTON DC, EU.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la Administración Trump establecer una política que facilitará negar la residencia o la ciudadanía a migrantes que usen programas públicos.
Mientras los magistrados analizan el caso, la nueva política se puede utilizar para negar las “tarjetas verdes” a los inmigrantes por el uso de beneficios públicos, incluidos Medicaid, cupones de alimentos y cupones de vivienda, así como otros factores.
La orden de los jueces se emitió por un voto de 5-4 e invirtió un fallo del Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de los Estados Unidos en Nueva York que había mantenido en un lugar una suspensión a nivel nacional de la política después de las demandas que se han presentado en su contra.
Los cuatro jueces liberales de la Corte, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, votaron en contra de permitirla, mientras continúa su discusión.
Los tribunales federales de apelaciones en San Francisco y Richmond, Virginia, habían revocado previamente fallos judiciales contra la política. Una orden judicial en Illinois permanece vigente, pero se aplica solo a ese estado.
Las demandas continuarán, pero los inmigrantes que solicitan la residencia permanente ahora deben demostrar que no serían una “carga pública”, como los ha definido la Administración de Trump.
La nueva política amplía significativamente los factores que se considerarían para tomar esa determinación, y si se decide que los inmigrantes podrían convertirse en beneficiarios de programas en cualquier momento en el futuro, se podría negar la residencia legal.
Aproximadamente 544 mil personas solicitan tarjetas verdes anualmente. Según el Gobierno, 382 mil están en categorías que los harían sujetos a la nueva revisión.
Los inmigrantes representan una pequeña porción de aquellos que reciben beneficios públicos, ya que muchos no son elegibles para recibirlos debido a su estado migratorio.
